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Comisión Antimonopolio define al sector financiero como mercado estratégico en su programa 2026-2030
La autoridad antimonopolio señala que el acceso a servicios financieros es un factor relevante para el bienestar económico, al permitir a las personas y empresas, no sólo planificar objetivos de largo plazo, sino también enfrentar contingencias.

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En su Programa Institucional 2026-2030 publicado el martes, la Comisión Nacional Antimonopolio (antes Comisión Federal de Competencia Económica), definió un conjunto de mercados estratégicos que orientarán su actuación en dicho periodo. Entre estos se encuentran los vinculados con el sector financiero.
Y es que, de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los mercados vinculados con el sector financiero, desempeñan un papel central en la economía, al facilitar la intermediación de recursos; ampliar el acceso al crédito; fortalecer los mecanismos de ahorro, y apoyar las decisiones de inversión.
"Su funcionamiento incide de manera transversal en múltiples sectores productivos, al determinar las condiciones de acceso, costo y disponibilidad de financiamiento para empresas y hogares", destaca.
En este contexto, agrega, estos mercados resultan relevantes por su contribución al crecimiento económico, pues al cierre del 2024, los servicios financieros y de seguros, representaron el 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB), y en el 2025, generaron alrededor de un millón de empleos en México.
Añade que la expansión de la infraestructura y el uso de productos financieros, reflejan también una mayor integración de estos mercados con la actividad económica.
"Por otro lado, estos mercados también son fundamentales para el desarrollo de las empresas, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales requieren acceso a capital para ampliar su capacidad de producir, innovar y diversificar riesgos".
La autoridad antimonopolio señala también que el acceso a servicios financieros es un factor relevante para el bienestar económico, al permitir a las personas y empresas, no sólo planificar objetivos de largo plazo, sino también enfrentar contingencias, por ejemplo, en materia de salud, para contar con ingresos que permitan afrontarlas.
Política de competencia genera condiciones más favorables de acceso
En este sentido, apunta, el acceso efectivo a los servicios financieros, puede verse favorecido por condiciones de competencia que incentiven una mayor oferta, menores costos y productos más adaptados a las necesidades de la población, lo que incide en la capacidad de los hogares para mantener su estabilidad económica y acceder a oportunidades de desarrollo.
"Contar con una cuenta bancaria facilita el uso de otros servicios financieros como el crédito y los seguros, lo que contribuye a iniciar o expandir negocios o invertir en educación, entre otros. En contraste, barreras de acceso o condiciones desfavorables, limitan estas capacidades y profundizan brechas económicas entre la población", subraya.
Así, la Comisión Antimonopolio resalta que desde la perspectiva de competencia económica, estos mercados son estratégicos debido a su impacto en las condiciones de acceso, diversidad y calidad de los servicios financieros.
"La existencia de barreras de entrada, altos niveles de concentración o prácticas anticompetitivas, puede limitar la disponibilidad de opciones, encarecer el crédito y restringir el acceso a servicios financieros para hogares y empresas, particularmente para las mipymes y la población de menores ingresos", puntualiza.
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Destaca que si bien la política de competencia no incide de manera directa en la inclusión financiera de la población y las empresas, sí puede coadyuvar a generar condiciones más favorables de acceso, mediante una mayor competencia entre oferentes, el desarrollo de productos más adaptados a distintos perfiles de usuarios, y la reducción de costos asociados a los servicios financieros.
"En este sentido, promover condiciones de competencia en estos mercados, puede contribuir, junto con otras políticas públicas complementarias en materia de inclusión financiera, educación y regulación, a ampliar el acceso y reducir brechas estructurales en beneficio de la población y de la actividad productiva", concluye.



