El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, advirtió este martes en el Congreso que la privatización de Bankia, que sigue con una participación del Estado de 60%, no se puede retrasar indefinidamente. “No estamos en una situación de agobio, pero tampoco se puede eternizar”, señaló.

“Estoy convencido de que el valor de Bankia en el mercado se incrementará cuando cambie la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)”, afirmó. La entidad está muy condicionada por el alto peso de las hipotecas en su negocio, que asciende a 65 por ciento.

El directivo vasco ve pocas probabilidades de que el Frob reciba una oferta de un banco extranjero para comprar Bankia. “Es perfectamente posible, pero me parece complicado”, dijo.

Goirigolzarri se ha mostrado en contra de convertir a Bankia en un banco público. En su opinión, eso conduce a “la mediocridad y al rescate” porque los gestores “no tienen objetivos claros”. “Defender una banca pública para Bankia me parece un despropósito. Sería una muy mala decisión para el contribuyente”, afirmó.

Respecto a la operación de salvamento de la entidad, Goirigolzarri señaló en el Congreso que el rescate solicitado por España a la Unión Europea frustró su plan para sanear Bankia, que nunca llegó a ejecutarse, ya que fue el Memorándum de Entendimiento (MOU) con las instituciones europeas el que fijó las condiciones para obtener ayudas financieras.

Así, durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro en la Cámara Baja, Goirigolzarri dijo que el Banco de España le pidió elaborar un plan de saneamiento y capitalización “a los pocos días” de incorporarse.

Este plan fue remitido el 11 de junio al Banco de España, con unas necesidades de capital para BFA de 19,000 millones (12,000 millones para Bankia, y el resto para sanear a la matriz). Sin embargo, ha señalado que este plan “nunca fue puesto en práctica”.

Dos días antes, señaló, el gobierno solicitó el rescate a la Unión Europea por hasta 100,000 millones y el MOU que acabó aprobándose en julio fijó las condiciones en las que debían pedirse las ayudas. “Esto trastocó totalmente nuestros planes y supuso un cambio radical en los calendarios”, aseveró Goirigolzarri.

Finalmente, el capital a aportar a través de las ayudas públicas se situó en 17,959 millones de euros, tras determinarse unas necesidades de 24,743 millones en un escenario adverso por Oliver Wyman y tenerse en cuenta el impacto de transferencia de activos a la Sareb y la conversión forzosa de instrumentos híbridos (preferentes y subordinadas), que supuso un descuento de 6,592 millones.