La resolución y venta de Popular en una noche, algo inédito en Europa, provocó una auténtica controversia en los tribunales españoles, europeos e incluso estadounidenses. Miles de accionistas y bonistas de Popular se movieron desde el principio para recuperar su inversión por la vía penal, civil y contenciosa administrativa.

En octubre del 2017, la Audiencia Nacional admitió a trámite las primeras cuatro querellas contra exdirectivos de Popular tras apreciar indicios de responsabilidad penal por su gestión en el banco. Los demandantes fueron sobre todo asociaciones de consumidores y pequeños inversionistas, como la OCU, Aemec, Adicae y Asufin.

La acción penal se dirige contra los dos últimos presidentes de Popular —Ángel Ron y Emilio Saracho—, así como contra la mayoría de miembros de sus consejos de administración. Entre ellos, el ex vicepresidente Roberto Higuera, Francisco Aparicio (representante de las familias del Opus Dei que fundaron el banco), José María Arias (expresidente de Pastor), Pedro Larena (exconsejero delegado) y la exconsejera Reyes Calderón. La Audiencia también investiga a la auditora PwC y a Pedro Barrio, socio que daba el visto bueno a las cuentas de Popular.

En total, 27 querellados y miles de perjudicados. También están involucrados varios de los grandes fondos de inversión que tenían inversiones en Popular, con Pimco a la cabeza. El sumario se desglosa en dos piezas separadas. La primera investiga si pudo haber estafa a inversionistas en la ampliación de capital que realizó Popular en el 2016. Los minoristas invirtieron 1,000 millones de euros en esa ampliación.

El folleto informativo enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores advertía que el banco esperaba pérdidas por 2,000 millones de euros ese año, pero éstas acabaron siendo de 3,500 millones. En el momento en el que fue resuelto el banco llevaban perdida 75% de su inversión, y con la intervención de Bruselas, el valor se redujo a cero.

La segunda pieza trata de averiguar si es cierto que Emilio Saracho filtró información presuntamente falsa sobre la situación financiera del banco para hacer caer las acciones y ganar dinero con ello. Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de manipulación del mercado. A petición de la Audiencia Nacional, el Banco de España designó a dos inspectores para que rastreen posibles indicios de irregularidades por parte de la cúpula del banco. Su cometido es indagar en las actas de los consejos del banco y en la documentación contable del 2016, así como en la reexpresión de dichas cuentas realizada en el 2017 por Saracho cuando tomó las riendas de la entidad.

La elaboración de este informe puede demorarse meses, aunque los abogados confían en que sea menos que los dos años que emplearon los peritos que investigaron la salida a Bolsa de Bankia, cuyas conclusiones fueron clave para que el juez decidiera llevar a juicio a los acusados.

Parecidos razonables

La causa penal de Bankia, cuyo juicio comenzará en enero, guarda ciertas semejanzas con el caso Popular. Se da la circunstancia en la que el juez instructor es el mismo, Fernando Andreu. Tanto la salida a Bolsa de Bankia como la ampliación de capital de Popular están en los tribunales por presunto engaño a inversionistas. La Audiencia Nacional declaró compleja la causa Popular en primavera. Eso significa que la instrucción se alargará, por lo menos, hasta abril del 2019. En el caso Bankia, duró cinco años. El fiscal solicita para Rodrigo Rato cinco años de cárcel. La documentación recabada hasta ahora por el juzgado revela que los bancos de inversión y consultoras que asesoraron a los bancos que miraron los números de Popular y estudiaron su compra días antes de la resolución les recomendaron que no siguieran adelante debido a que el valor del banco era negativo. EY informó a Bankia de que el riesgo de Popular no se limitaba a su herencia inmobiliaria y que el saneamiento necesario ascendía a 18,722 millones de euros.

También trascendió que PwC, mientras era auditora de Popular, realizó un trabajo de asesoría para BBVA en el que le advertía de su alto déficit de provisiones.