La correcta identificación de sujetos que ocupan cargos que tienen que catalogarse como personas políticamente expuestas (PEP), para que tengan una debida diligencia y prevenir temas de lavado de dinero, es todo un reto para el sistema financiero pues algunas entidades no tienen sistemas adecuados para identificarlos al inicio de una relación comercial ni durante la misma, indicó Dharanee Vázquez, directora de la consultoría en materia antilavado GMC 360.

En entrevista, Vázquez comentó que la actualización de la lista de PEP, que recientemente hizo la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) de la Secretaría de Hacienda es un referente para que las entidades desarrollen en su sistema antilavado su propio listado y detecten en sus esquemas automatizados a estos sujetos para poder hacer la debida diligencia y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales producto de actos de corrupción, cohecho o peculado en la función pública.

“En las auditorías que hemos realizado, cuando verificamos los sistemas automatizados o procesos (antilavado) al interior de las entidades financieras, encontramos deficiencias en el tema de las listas de PEP”, declaró Vázquez y detalló que esto es porque no hay coincidencias entre el listado propio de las instituciones con los de la autoridad.

Recientemente, la UBVA actualizó la lista de PEP, donde, a diferencia de la primera versión, publicada en el 2016, integra a los altos rangos militares, cargos a nivel municipal y ejecutivos de empresas del Estado. También se añade a los servidores que se encuentran dentro de las tres jerarquías inferiores a las del cargo principal que se menciona en el listado.

Para Vázquez, esta lista, más detallada que su versión anterior, es un buen parámetro que las entidades financieras, o sus proveedores, deben de tomar en cuenta para elaborar su listado y así tener una debida diligencia en caso de que tengan una relación comercial con una persona políticamente expuesta.

“Antes no se tenía un parámetro de cómo hacer listas propias y muchas veces, sobre todo en instituciones que atienden en pequeñas localidades o municipios, no tenían coincidencia entre el listado que les vendía el proveedor y las personas relacionadas con su operatividad, que es más local”, señaló la directiva de la consultora.

Señalamiento GAFI

En la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó a México, y que se dio a conocer en el 2018, este organismo señaló que existía una deficiencia en el sistema financiero para identificar alguna relación u operaciones que involucraban a una PEP como beneficiario final.

“Mientras existe un portal público donde se publican los nombres de ciertos funcionarios jerárquicos a nivel federal y las entidades federativas, los funcionarios militares jerárquicos, los ejecutivos de sociedades estatales y los funcionarios a nivel municipal no son considerados PEP nacionales y por lo tanto no están sujetos a una transparencia similar”, detalló GAFI en su evaluación.

Como respuesta a dicho señalamiento, la UBVA integró estos cargos en esta actualización del listado. “Todo este tema de la lista se la tenemos que agradecer a la evaluación mutua del GAFI; todos los cambios que siempre tenemos son gracias a que estamos siguiendo esta directriz que pide el organismo”, refirió Vázquez.

Para la directiva de GMC 360, un reto importante es que se haya una debida diligencia con las personas relacionadas a una PEP, o un familiar, lo cual es una obligación para el sistema financiero; sin embargo, esto no siempre se cumple por parte de las entidades del mismo.

En dónde están las personas políticamente expuestas

• Secretarías.

• Consejerías jurídicas.

• Gobernadores.

•  Jefes de gobierno.

• Fiscalías de las entidades federativas.

• Tribunales de arbitraje.

• Órganos desconcentrados.

• Órganos descentralizados.

• Órganos paraestatales y auxiliares.

• Órgano de apoyo administrativo.

Fuente: SHCP

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