El Tribunal de Cuentas en España puso en cuestión la adjudicación por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de un programa de créditos en el 2010 a Santander y BBVA cuando esta línea estaba concebida inicialmente para una sola entidad, sin haber recibido ninguna explicación, ni motivo de por qué se repartió dicho programa.

Este programa concedió 551 millones de euros en 13,961 operaciones, concentró una elevada morosidad (dos tercios de las operaciones vivas a finales del 2016 estaban en situación de mora) y el riesgo fue asumido íntegramente por el ICO, según indica el Tribunal, que lamenta “laxitud en la política de riesgos” y la “falta de especialidad en banca minorista” del instituto de crédito.

Así consta en su “Informe de fiscalización de la actividad crediticia”, del ICO, ejercicio 2016, que acaba de ser remitido a las cortes. En sus conclusiones, señala que el ICO “no respetó en su literalidad” el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros al instruir dicho programa.

El órgano menciona que “a este Tribunal no se le ha dado explicación alguna, ni documentación, de quién tomó la decisión y qué motivo existía para que se procediese a interpretar” que la comercialización de esta línea de préstamos se realizara con dos entidades.

Todo ello después de que el gobierno, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobara una instrucción al ICO el 9 de abril del 2010 para poner en marcha una línea de financiamiento para conceder operaciones de inversión y liquidez, preferentemente a autónomos y pymes, durante el 2010 y el 2011, y que debería ser comercializada a través de “una red financiera de ámbito nacional”.

Después de 10 días, la comisión de contratación del ICO celebró una reunión en la que, según consta en el acta, la representante de la asesoría jurídica afirma que “por parte de la dirección se consideró que fueran dos las entidades de crédito que presentaran los servicios objeto de ese pliego”. “No se especifica qué órgano y qué motivo ha tenido lugar para entender así la necesidad”, asevera en sus conclusiones.

Esta misma responsable expuso que la ley de contratos del sector público no contempla la posibilidad de dividir un mismo expediente de contratación, ya que cada uno “sólo puede dar lugar a una adjudicación”, tal y como reza el acta.

Asimismo, especifica que se elevó una consulta a la Abogacía del Estado sobre esta cuestión, tras la cual se propuso a la Asesoría Jurídica del ICO el tramite simultáneo de dos procedimientos de contratación idénticos con el fin de lograr la existencia de dos adjudicatarios. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas destaca que, tras consultar con la Abogacía del Estado, ésta señala que no existe tal informe, por lo que deduce que “lo que debió realizarse fue una consulta verbal”.