Las autoridades que participaron en el proceso de resolución de Banco Popular barajan la posibilidad de que aun en el caso de que la justicia europea decretara la nulidad del proceso, los accionistas e inversionistas afectados no tendrían derecho a percibir una compensación económica por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El pasado 6 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) remitió un escrito dirigido a los inversionistas afectados presentes en la causa, así como a la JUR, en el que les pregunta cómo se llevaría a cabo, según sus respectivos puntos de vista, la anulación de la decisión del 7 de junio del 2017 de resolver Banco Popular.

Entre otras cuestiones técnicas, los jueces comunitarios requirieron a los antiguos accionistas y dueños de instrumentos subordinados una estimación de la compensación que pretenden obtener en caso de que la resolución sea nula. También le pidieron a la JUR que determine las medidas concretas que aplicaría en ese caso, así como una aclaración para que “especifique qué obligaciones recaen sobre las autoridades españolas o el FROB en caso de anulación de la decisión”. Es decir, el TJUE quiere sondear qué tendría que pagar cada autoridad responsable.

Al margen de lo que pueda decidir la justicia, que será la que tenga la última palabra a la hora de compensar o no a los afectados por la caída de Popular, fuentes cercanas a las autoridades de resolución señalan que el escenario que ahora ven como más probable es que incluso aunque la decisión de resolver el banco fuera anulada, esto no conllevaría tener que indemnizarles con recursos públicos.

La JUR y el FROB barajan no tener que compensar en ningún caso a los inversionistas que fueron sometidos a pérdidas totales al resolver Popular, para posteriormente venderlo por 1 euro a Santander. Según estas mismas fuentes, la resolución entró en juego administrativamente sólo después de que el Banco Central Europeo (BCE) decretara que la entidad era inviable, o estaba a punto de serlo, y después de que el propio consejo de administración de la entidad anunciase a las autoridades su incapacidad para mantener sus funciones al día siguiente.

Proceso de liquidación ordinario

En el hipotético caso de anularse la decisión de resolver Popular, por tanto, la situación del banco volvería a efectos prácticos al 6 de junio anterior. Como la entidad era, según ella misma y según el BCE, incapaz de atender a sus pagos a la jornada siguiente, entonces se vería obligada a someterse a un proceso de liquidación ordinario.

En este punto, entraría en juego el informe de resolución definitivo, elaborado por Deloitte, cuya publicación por parte de la JUR está prevista para el mes que viene. Este documento, conocido como Valoración 3, tiene que determinar si los acreedores afectados al resolver Popular hubieran recibido un trato más favorable económicamente en caso de que la entidad hubiera sido sometida a un proceso concursal ordinario. Si este informe determinase que la resolución fue más perjudicial, o si alguno de los afectados pudiera convencer a las autoridades de que para éste fue más perjudicial, entonces la JUR tendría que compensarle.

Pero el cálculo hipotético estimado por Deloitte Bélgica, sitúa el valor de Banco Popular en caso de ir a un proceso de liquidación en unos rangos económicos negativos de entre 23,000 y 34,000 millones de euros.

En ninguno de los supuestos contemplados por el valorador independiente, los inversionistas podrían haber recibido un trato más favorable que en la resolución, lo que en opinión de las citadas autoridades debería invalidar cualquier reclamación económica basada en que la resolución debería ser anulada.

La presidenta de la JUR, Elke König, ya manifestó en el pasado que, a su juicio, haber encontrado un comprador como Santander, a pesar de haber pagado sólo 1 euro por Popular ya suponía dar una valoración al banco superior a la que se conseguiría en un proceso de liquidación.