Rendimiento de GN, por debajo de policías estatales

Aunque se ha posicionado como una de las principales fuerzas de seguridad del país, la Guardia Nacional (GN) realiza en promedio 0.071 detenciones por agente al año, cifra inferior a la de las policías estatales, que registran un promedio de 1.6 detenciones anuales por agente. Esta diferencia cuestiona la efectividad operativa de una institución que concentra la mayor parte del presupuesto de seguridad y está bajo control castrense, expuso un informe de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

De acuerdo con datos del documento “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” del Programa de Seguridad Ciudadana, con más de 126,000 elementos, el 88% de origen militar, la GN también mostró un rendimiento inferior que el Ejército en aseguramientos de armas y cocaína, heroína y metanfetamina.

“Las Fuerzas Armadas y la GN mantienen altos niveles de confianza ciudadana: 86.7% en la Marina, 84.3% en la Sedena y 77.2% en la GN 42 por ciento. Sin embargo, este respaldo contrasta con su historial en materia de derechos humanos. Entre diciembre de 2018 y julio de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 1,934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias. En el mismo periodo, la Sedena acumuló 2,279 quejas 43 por actos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales 44”, precisó la institución.

Violencia sigue

El documento también señala que el modelo de seguridad militarizado no ha reducido los niveles de violencia en el país. En 2023 se registraron 31,602 homicidios, un promedio de 85 al día, mientras que el número de personas desaparecidas y no localizadas ascendió a 126,938.

Además, se denunció que uno de los mecanismos que más se utilizan para ampliar esta presencia castrense es la firma de convenios entre las autoridades civiles y las entidades de las Fuerzas Armadas. Se informó que, entre el 2007 y 2022, se lograron 258 convenios, con los que se trasladaron el 89% de las funciones civiles a cualquiera de las dependencias castrenses.

“México opera bajo un modelo de control en el que la arbitrariedad se ha normalizado como herramienta de gestión del delito”, se indicó en el texto.

Otro de los hallazgos presentados en el informe fue que 86% de las personas privadas de libertad reportaron haber sufrido uso excesivo de la fuerza. Sólo el 4.3% de las detenciones hechas por las Fuerzas Armadas contaron con orden judicial. Además, el 64.5% de las personas detenidas dijeron haber sufrido maltrato entre su detención y la presentación ante el Ministerio Público.

Prisión de oficio

A lo anterior se suma una crisis penitenciaria; se explicó que, a finales de 2023, había más de 233,000 personas encarceladas, pero el 37.3% no contaba con sentencia.

El uso extendido de la prisión preventiva oficiosa —aplicada a casi la mitad de las personas sin sentencia— según lo dicho por la Ibero, ha sido denunciado como una forma de castigo anticipado, contrario a los derechos humanos.

“El hacinamiento es otra expresión de esta crisis. La población carcelaria ha crecido un 21%, mientras que los espacios disponibles se han reducido. Actualmente, 132 prisiones estatales presentan sobrecupo, y algunas operan con hasta seis veces su capacidad”, se denunció en el informe.

Como alternativa a las problemáticas enlistadas, la Ibero propuso el realizar una reforma estructural que recupere el enfoque civil en seguridad pública; fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública con liderazgo civil, desmilitarizar progresivamente las tareas de seguridad, impulsar fiscalías efectivas y replicar modelos locales exitosos como los de Nezahualcóyotl y Morelia, donde sí se han registrado disminuciones en delitos y mejoras en la percepción ciudadana.