Presentan ediles controversia vs ley de transparencia

Presidentes municipales y alcaldes afiliados al PAN, que integran la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) —con 314 afiliados— que preside Mauricio Tabe, presentaron de manera formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el pasado 20 de marzo.

“Esta ley pisotea el municipalismo y deja en manos del oficialismo el control de la información. Con ello, el acceso a datos públicos queda a capricho del poder político, lo que vulnera directamente los derechos ciudadanos”, afirmó Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en las afueras de la Corte.

La vicepresidenta de la Anac y alcaldesa de Irapuato, Guanajuato, Lorena Alfaro García informó que la demanda obedece a que la referida ley “vulnera el principio de municipalismo; es una regresión que no podemos permitir”.

En representación de Marco Antonio Bonilla Mendoza (PAN), presidente municipal de Chihuahua capital, Roberto Fuentes, secretario del ayuntamiento, declaró que la nueva ley impone obligaciones y sanciones desproporcionadas.

Mediante comunicado de prensa, el gobierno municipal de Chihuahua informó que la solicitud al máximo tribunal constitucional del país consiste en revisar la constitucionalidad de diversas disposiciones de la citada ley y garantizar “que cualquier política nacional en materia de transparencia se construya a través del diálogo, la coordinación y el respeto mutuo entre los distintos órdenes de gobierno”.

Y llamó a la Corte a actuar “con responsabilidad y equilibrio, velando por el derecho a la información, pero también por el respeto al federalismo y a las competencias de los municipios’’.

Legítimo derecho

“Esta decisión se ha tomado en ejercicio del legítimo derecho y en cumplimiento del deber constitucional de proteger la autonomía municipal, consagrada en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a los municipios como órdenes de gobierno con competencias propias.

“El municipio de Chihuahua considera que la mencionada ley, aunque tiene un fin loable de garantizar el acceso a la información pública, ha sido implementada sin respetar los principios del federalismo cooperativo, imponiendo obligaciones, procesos y sanciones que no toman en cuenta la realidad operativa, administrativa y presupuestal de los municipios, particularmente de aquellos con menor capacidad técnica y financiera.

“El gobierno municipal no está en contra de la transparencia, al contrario, la reconoce como un pilar fundamental de la democracia y la rendición de cuentas. Sin embargo, sostiene que este derecho debe ejercerse sin vulnerar la autonomía municipal, ni mediante imposiciones centralistas que desconocen las facultades legales de los gobiernos locales”, cita el comunicado.