El Senado exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que con urgencia pida al gobierno de Estados Unidos cambiar sus protocolos de uso de la fuerza que utiliza la Patrulla Fronteriza.

El pleno del Senado condenó el asesinato del joven José Antonio Elena Rodríguez por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el pasado 10 de octubre del 2012, en las inmediaciones de la Frontera de Nogales, Sonora.

A través de un punto de acuerdo aprobado por unanimidad, los senadores solicitaron al gobierno federal presentar, en el momento procesal adecuado, la solicitud de detención provisional con fines de extradición del agente de la Patrulla Fronteriza que resulte responsable del asesinato del joven mexicano Elena Rodríguez.

También solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores brindar todo el apoyo necesario a los familiares de la víctima con el fin de hacer justicia y exigir sanciones ejemplares para los responsables.

El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los canales diplomáticos convencionales, se comunique la urgencia por cambiar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la Patrulla Fronteriza , plantea el punto de acuerdo.

En el 2008, cinco casos como el que estamos viendo el en la actualidad; el 2009, 12 casos; en el 2011, 17 casos, van en ascenso. A estas alturas del año ya llevamos 15 situaciones en las que nuestros connacionales mueren por una situación similar a la que ocurrió recientemente en la frontera con Sonora o que son agredidos , lamentó el senador Armando Ríos Piter (PRD).

CÁMARA DE DIPUTADOS

PIDEN A FCH REPARAR EL DAÑO A VÍCTIMAS DE RÁPIDO Y FURIOSO

Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados exhortó al presidente Felipe Calderón a garantizar la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y familiares afectados por el operativo Rápido y Furioso, que permitió que más de 2,000 armas entraran a México.

Desde la tribuna cameral, el petista Rafael Huerta Ladrón, promotor del acuerdo desahogado en trámite de urgente y obvia resolución, criticó la omisión del gobierno en su sexto y último informe, al dar cuenta de las armas incautadas y las que ilegalmente entraron al país. No sólo manifiesta, en el mejor de los casos, ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y estadounidenses en el operativo, la pasividad de las dependencias de seguridad y opacidad en la información ante los crímenes ejecutados con las armas señaladas, sino expresan indicios de complicidad .

En su turno, Aleida Alavez (PRD) criticó que mientras el gobierno de Estados Unidos investiga, ya destituyó y sancionó a 14 funcionarios federales. La administración del presidente Calderón no ofrece información que permita saber la verdad sobre el operativo y sus alcances. Las investigaciones siguen en Estados Unidos y como parte de los resultados sabemos que un promedio de 2,000 armas se introdujeron a territorio nacional (...) al menos 200 mexicanos han muerto a causa de ellas y que sólo han logrado decomisar 710, entre ellas dos rifles AK-47 .

Marcos Aguilar Vega (PAN) lamentó que por falta de conocimiento se acuse al gobierno de omisión. Sería grave confundir cooperación internacional (...), con complicidad .

(Con información de Rolando Ramos)