La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la prescripción es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura, con independencia del momento en que se haya cometido.

Así resolvió el pleno de la Primera Sala del Alto Tribunal el amparo en revisión 257/2018 en la sesión a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El máximo tribunal sostuvo que a pesar de que la prescripción en materia penal, es una garantía que debe ser observada para todo imputado por un delito, se debe tener como referente que la prohibición de la tortura constituye una norma imperativa e inderogable del derecho internacional.

De ahí que en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos queden impunes, la prescripción es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura.

El caso tuvo su origen en 1999, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, al pretender detener al quejoso, le dieron un culatazo provocándole el desprendimiento y pérdida de la visión en el ojo izquierdo.

Por ello, el afectado presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.

El Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal, al no haber sido identificados de manera plena los agresores por parte del denunciante.

En el año 2015, el quejoso formuló una nueva denuncia por los mismos hechos y argumentó que eran constitutivos de tortura.

Sin embargo, se propuso también el no ejercicio de la acción penal, pero esta vez bajo el argumento de que ya había prescrito la acción punitiva, por lo que promovió un amparo que le fue negado.

La Primera Sala de la Corte concedió la protección constitucional para el efecto de que el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México deje insubsistente el acto reclamado.

Por tanto, ordenó a esa autoridad declarar la ilegalidad de esa determinación y que continúe con la investigación de los hechos denunciados por el quejoso.

Peticiones, ante el senado

Representantes de organismos internacionales y el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, propusieron a la Cámara de Senadores un listado de temas que en materia de derechos humanos requerirán de su intervención, entre otros la derogación de la Ley de Seguridad Interior, designar a un fiscal de la República “verdaderamente autónomo” y la expedición de la Ley General de Desplazamiento Forzado.

El presidente de la CNDH entregó a Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, durante la instalación formal del grupo de trabajo, su propuesta para expedir la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.

En su intervención, González Pérez advirtió frente a los senadores que no abordar la creación de la Fiscalía General de la República con responsabilidad y atendiendo a la realidad que vive la procuración de justicia en México implicará condenar al fracaso cualquier estrategia que se emprenda para abatir la inseguridad, violencia e impunidad.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, planteó, entre otros temas de interés colectivo, emitir un marco regulatorio uniforme sobre uso legítimo de la fuerza; y crear un registro de detención único a nivel nacional que permita documentar toda privación de libertad.

Además, formuló eliminar el arraigo; derogar la figura de prisión preventiva oficiosa y crear un instituto nacional forense autónomo.