Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó sobre la suspensión del coordinador operativo de vigilancia de la institución académica , Jesús Teófilo Licona Ferro, por los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre en contra de un grupo de estudiantes que se manifestaban pacíficamente.

En tanto, la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario investigará la actuación de vigilantes por los mismos hechos violentos, además por petición del rector, se revisarán cuidadosamente los materiales gráficos que obran en poder de la universidad, a fin de hacer el deslinde de responsabilidades que permita, si fuera el caso, llevar a cabo las sanciones que correspondan.

Coordinación de gobierno federal

La Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Gobierno de la Ciudad de México coadyuvarán en las investigaciones “para llevar ante la justicia a quienes agredieron violentamente a la comunidad universitaria”.

En un comunicado conjunto, indicaron que estarán atentos para continuar colaborando, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil.

“Lo anterior con la finalidad de preservar la seguridad e integridad de estudiantes y maestros, así como garantizar la continuidad de las actividades académicas, con absoluto respeto en todo momento a la autonomía universitaria”, agregaron.

Por otro lado, 14 de 34 planteles, que realizaron paro de actividades en apoyo al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, quienes exigen la eliminación de los grupos porriles y mayor seguridad, regresarán a clases el día de hoy; se espera que otras facultades y preparatorias y colegios también reanuden labores.

Añaden peticiones a pliego

Ayer, en las instalaciones del plantel del CCH Azcapotzalco se llevó a cabo su asamblea general, con estudiantes, docentes y padres de familia. Ahí acordaron nuevos puntos, como que la mesa de instalación de seguimiento para la solución de la totalidad de sus planteamientos con la Rectoría de la UNAM y la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades se lleve a cabo con la presencia del rector, Enrique Graue.

En la asamblea también se discutió que habrá énfasis en la solicitud de la erradicación de grupos porriles e informaron que interpondrán una demanda contra los agresores identificados en los hechos del pasado 3 de septiembre.

Además, se añadieron anexos a los siete puntos que integran el pliego petitorio, para asignar una nueva administración del CCH Azcapotzalco, de forma democrática por “medio de votaciones”, en la que los alumnos  tengan conocimiento previo del historial profesional de los docentes y en la que el actual director, Andrés Francisco Palacios Meza, no podrá participar.

En otro punto se añadió que habrá una comisión de nueve personas para el resguardo del plantel de Azcapotzalco. (Con información de Marisol Velázquez)

¿Cuándo aplican las sanciones?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede sancionar a los alumnos de manera inmediata con amonestación o expulsión, con la finalidad de salvaguardar el orden en caso de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la institución.

En el Estatuto General de la UNAM, en el Título Sexto sobre las Responsabilidades y Sanciones, del artículo 93 al 95 se menciona que los miembros del Tribunal Universitario podrán suspender o expulsar al alumnado de manera provisional con la finalidad de salvaguardar el orden y la disciplina de la máxima casa de estudios.

Las causas concretas son por la realización de actos que tiendan a debilitar los principios básicos de la universidad, y las actividades de índole política que “persigan un interés personalista”.

También la hostilidad por razones de ideología o personales, manifestada por actos concretos contra cualquier universitario o grupo, así como portar armas de cualquier clase en los planteles universitarios, eso incluye preparatorias y colegios de Ciencias y Humanidades.

El Tribunal Universitario, dentro de un determinado plazo, recibe cualquier acción en torno a la expulsión o suspensión de algún estudiante y posteriormente tiene que analizar las causas y en su caso ratificar las acciones a seguir; misma situación sucedió con 18 jóvenes que agredieron a un grupo de estudiantes con palos y piedras el pasado 3 de septiembre en CU.

Cabe recordar que en diciembre del 2014, al cumplirse 67 días de paro en el IPN, estudiantes y funcionarios firmaron ocho acuerdos que dieron solución al conflicto estudiantil, que consistía en la imposición de un reglamento interno; así, acordaron la investigación de grupos porriles.

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