El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que cesó por seis meses a Marco Aurelio González Romero, secretario de Acuerdos de un Juzgado de Distrito en el Estado de México, mientras que es investigado por la Fiscalía General de la República por supuestamente recibir un soborno para la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, líder de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Derivado de la denuncia interna presentada por el Consejo de la Judicatura Federal el pasado 2 de julio, así como de la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, la Comisión de Disciplina resolvió suspender por seis meses al secretario involucrado del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México”, informó el CJF.

En un comunicado, destacó que la suspensión se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras.

“La presente suspensión del servidor público no prejuzga su culpabilidad y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito. Como hemos sostenido, en el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no toleraremos ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal”, mencionó el Consejo de la Judicatura Federal.

El pasado 2 de julio, el CJF anunció una investigación en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por posibles actos de corrupción. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en un juzgado recibieron dinero para la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) posee intervenciones de comunicaciones autorizadas por un juez competente, “que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado (Casarrubias Salgado), a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona”.

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