En aras de construir una agenda entre México y Estados Unidos que privilegie la seguridad humana e integración socioeconómica de la juventud migrante, es recomendable que el gobierno mexicano elimine el Programa Frontera Sur, así como políticas y programas que criminalizan a migrantes, en particular a los centroamericanos, sugiere Jill Anderson, del centro Woodrow Wilson.

A través de un reporte titulado Bilingüe, bicultural, pero aún no binacional; juventud inmigrante indocumentada en México y Estados Unidos , la especialista concluye que la administración del Ejecutivo Federal no ha mostrado interés en canalizar el potencial de la juventud bicultural inmigrante.

Desde el 2009, el gobierno no ha establecido programas que respondan a las realidades de las personas que retornan al país ni que abonen a los objetivos establecidos en el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM).

Anderson destaca que dentro de los actuales planes no existen esfuerzos sustanciales para actualizar la infraestructura, crear rutas diferenciadas de acceso o incrementar los presupuestos para satisfacer las necesidades de las poblaciones que retornan.

El plan Frontera Sur, que implementó el gobierno mexicano en julio del 2014, es claro ejemplo de una estrategia internacional en la que los jóvenes inmigrantes han sido implícitamente designados como prescindibles, en nombre de una seguridad nacional idealizada que predominantemente sirve a las empresas privadas transnacionales, sostiene Anderson.

Para ella, las cifras de deportaciones desde Estados Unidos y México, así como la cantidad de personas halladas en fosas a lo largo del país y en la zona fronteriza, testifican una política de indiferencia que criminaliza a los inmigrantes .

De acuerdo con información proporcionada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, a partir de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, la detención de personas migrantes se triplicó. En el 2015, se registraron cerca de 200,000 detenciones; tres veces más que lo calculado en el 2013, puntualizó.

Solicitan estrategia firme

El presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, indicó que ante la amenaza que representa Trump para la integridad física y dignidad de los migrantes, es necesario que el gobierno fije una estrategia firme y una posición digna.

El líder panista añadió que su partido trabajará intensamente para que el cambio de política que implica la toma de protesta de Donald Trump no tome a México desprevenido.

Además, reitero su compromiso con los más de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos; para ello, informó que el próximo miércoles 7 de diciembre se realizará el segundo de tres foros: La nueva relación entre México y Estados Unidos tras el triunfo de Donald Trump , ahora abordando el tema migratorio.

Por su parte, el PRI a través de su líder, Enrique Ochoa Reza, anunció que asumirá la defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos. Vamos a construir una relación diplomática con el nuevo gobierno de Estados Unidos (encabezado por Donald Trump) con base en lo que en la historia de México ya ha funcionado, que son los principios de relaciones internacionales que tenemos en nuestra Constitución y en nuestra tradición diplomática , expresó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.

El michoacano precisó que el objetivo es defender los derechos humanos de los connacionales que viven en territorio estadounidense, a través de las diversas organizaciones de migrantes en aquel país con las que se habrá de fijar una agenda propositiva común.