El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó que para resolver la problemática de inseguridad y violencia se debe contar con un diagnóstico antes de generar una ley como la de Seguridad Interior.

No es idóneo resolver un problema de más de una década sin un diagnóstico certero, esta oficina considera que la ley partiría de la ausencia de un diagnóstico público que vaya más allá de la necesidad de proveer certeza a una institución , dijo.

Durante la Tercera Reunión de acercamiento y reflexiones en torno a la expedición de una Ley de Seguridad Interior en el Senado, explicó que es indispensable que, para aminorar consecuencias negativas en materia de derechos humanos, la legislación no debe implicar la suspensión de derechos y dar cheques en blanco .

Expuso que las iniciativas en materia de Seguridad Interior que están a discusión son una fuente de preocupación para nuestra oficina pues la legislación brindaría un marco legal a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, mismas que deben ser competencia de las autoridades civiles.

La ley podría tener un efecto impensado, indeseable incluso para las propias Fuerzas Armadas, existe el riesgo de que la ley sea interpretada por la sociedad mexicana como una reafirmación del rol protagónico de las Fuerzas Armadas en la prevención y combate a la delincuencia organizada , manifestó.

Nuestra preocupación, agregó, es que la ley podría operar como un desincentivo para la profesionalización y fortalecimiento de las instituciones civiles, incluso por sus posibles efectos presupuestales.

Jan Jarab expresó que en la lucha contra la criminalidad cualquier medida de despliegue militar o policial que no vaya acompañado de una política integral de una lucha contra la impunidad, no va a tener el efecto deseado.

En un país con altos índices de impunidad no será el involucramiento de las fuerzas militares en tareas propias de las autoridades civiles, lo que desincentivará al crimen, sino la certeza de su persecución y castigo penal , refirió.

Recomendaciones

En este sentido recomendó que la ley sea compatible con los compromisos y obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, que especifique objetivos, que defina medidas a la situación que se pretende enfrentar, que establezca que el llamado a las fuerzas militares sea el último recurso, que se defina la participación de las fuerzas armadas en la investigación de los delitos, regulación de migraciones y actividades de inteligencia civil.

Que sí establezca el retiro gradual, medible y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas, que prevea que cualquier involucramiento de las FA en tareas de seguridad pública deberá tener una presencia breve y precisa; que tutele que los despliegues militares se desarrollen bajo la coordinación y control efectivo de las autoridades civiles , añadió.

El director del Programa de Política antidrogas del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, dijo sobre las iniciativas que la Constitucionalidad es dudosa para que el Congreso de la Unión legisle en materia de seguridad interior, ya que destacó que en ninguna parte de la Carta Magna se le atribuye la facultad de legislar en esta materia.

Se le dan facultades expresas para regular la seguridad nacional, pero no la facultad para regular la materia de seguridad interior, sí la materia de seguridad pública, pero no seguridad interior , manifestó.

De acuerdo con una investigación de Laura Tuesta, del CIDE, el despliegue de fuerzas federales para el mejoramiento de la seguridad ha aumentado la violencia en los municipios donde está implementada.

Detalló que por cada combate que realizan las fuerzas federales en los operativos conjuntos se incrementa en el corto plazo 6% la tasa de homicidios en ese municipio, mientras que cuando en los enfrentamientos hay participación de las Fuerzas Armadas el porcentaje se eleva a 8% y sube a 9% con presencia de la Sedena.

Una década de estrategia

En su oportunidad Santiago Aguirre, representante del Centro Pro-DH, aseguró que es en extremo riesgoso que se apruebe una ley en esa materia, pues además de los problemas de inconstitucionalidad existe la incompatibilidad con el régimen de derechos fundamentales que México se ha comprometido a respetar.

Expresó que una legislación de este tipo genera el riesgo de un incremento a la violación de los derechos humanos, pues en los 10 años de despliegue de elementos militares y de la Marina, éstas han aumentado.

Añadió que entre los años 2000 y 2006 se presentaron 1,135 quejas contra las Fuerzas Armadas en la CNDH que derivaron en 11 Recomendaciones, mientras que en los últimos 10 años se han presentado más de 10,751 quejas y se han emitido 146 Recomendaciones.

Si cuantitativamente estos números son preocupantes, lo que muestran cualitativamente estos casos es aún más alarmante, hablamos de casos de violaciones graves a los derechos humanos , advirtió.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró que aunque la Ley de Seguridad Nacional está encaminada a mantener la seguridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, no hay ley secundaria que defina y regule la seguridad interior.

Por lo tanto creemos que es necesaria una ley secundaria que defina y regule la seguridad interior, en cuanto a las actividades que deban realizar las dependencias e instituciones para el mantenimiento del orden interno, el alcance de las medidas que pueden tomar las autoridades responsables de ellas para garantizar las instituciones , agregó.

Acotó que no se trata de darle atribuciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, sino de definir cuándo, cómo y para qué debe recurrirse a su empleo .