Durante el primer semestre del año en curso, se han contabilizado 7,381  averiguaciones previas y carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir, la posesión o portación de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sin que hayan sido registradas previamente en el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al realizar un comparativo con el mismo periodo del año anterior se puede observar que las investigaciones por violaciones a la ley en materia de armas de uso exclusivo del Ejército aumentó 4.4%, ya que entre enero y junio del 2018 se registraron 7,071.

Con base en cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las entidades que registraron mayor incidencia de este delito federal, son el Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Guanajuato. Tan sólo estas cinco entidades comprenden 37% de las averiguaciones a nivel nacional.

Entrevistado por El Economista, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de seguridad Javier Oliva, consideró que el incremento de estos delitos “se debe a la dinámica del crimen organizado, la única explicación que hay es que por un lado está la debilidad de las corporaciones policíacas y de procuración de justicia y por otro la diversificación de las actividades criminales”, declaró.

Durante la discusión de este año en el Congreso de la Unión para reformar el Artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, la Cámara de Diputados redujo la lista propuesta por el Senado de la República y eliminó en el catálogo de delitos graves aquellos en materia de armas de fuego y explosivos.

“Antes de que se aprobara la modificación habían cometido el muy grave error de que los delitos en materia de armas restringidas no era delito grave, en un acto de ignorancia absoluta y rectificaron afortunadamente”, mencionó.

Finalmente, el Congreso avaló la modificación constitucional e incluyó nuevamente los delitos sobre armas de fuego y explosivos.

Oliva también indicó que la incidencia de los delitos en materia de armas y explosivos se debe a la corrupción en las aduanas entre México y Estados Unidos y la nula cooperación de las autoridades estadounidenses para el control de las mismas.

“Se calcula que la frontera entre México y Estados Unidos del lado de Estados Unidos hay 17,000 armerías, es decir, es un negocio muy lucrativo que va asociado siempre con el crimen organizado. Aunque en Estados Unidos es legal la exportación de armas en México es un asunto ilegal”, manifestó.

En se sentido,  el investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, Maximilian Holst, expuso que así como existen rutas bastante establecidas del tráfico de drogas de México Estados Unidos hay rutas claras de tráfico de armas de Estados Unidos a México y del mismo modo con la frontera con Guatemala.

“Para empezar es necesario reforzar las fronteras para evitar el flujo de armas se tiene por el momento un despliegue importante de la Guardia Nacional para controlar los flujos migratorios pero esos elementos también podrían tener la función de revisar de manera más exhaustiva los cargamentos provenientes de Estados Unidos”, consideró.

Recordó que desde la organización, se ha plateado actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que se pueda cumplir con los distintos acuerdos internacionales que se tienen firmados como el Tratado Sobre el Comercio de Armas.

Del mismo modo se propuso la creación de una agencia nacional de control de armas de fuego y municiones e institucionalizar mecanismos de rastreo e investigación de las mismas.