Cuando nos enfrentamos a definir los retos y oportunidades del modelo educativo en un país como México, implica enfrentarnos a una educación inclusiva que no solamente aborde las capacidades diferentes, sino también la desigualdad económica, los derechos humanos, la equidad de género e igualdad de oportunidades, para poder consolidar un sistema de calidad y excelencia, que en mi opinión es el reto más difícil de concretar.

En el modelo educativo del 2016 ya se vislumbraba un esfuerzo en el planteamiento de inclusión que matizaba la diferencia de condiciones socioeconómicas para garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad y reconocer y clasificar las diferencias en los aspectos de acceso efectivo a una educación denominada de calidad, reconocimiento de las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de las niñas y niños. Para lo cual se proponía de dotarlos de mayores recursos educativos, sobre todo si se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Para poder ser un modelo educativo exitoso, se proponían los siguientes aspectos: presupuesto, actualizar la normatividad, infraestructura, becas, valores y actitudes, planes, programas, método y materiales, ambiente escolar, prácticas educativas, gestión escolar, evaluación, capacitación, sistemas de información, maestros, directores, supervisores, padres y madres de familia.

El modelo educativo en ese momento se pensó con mayor “flexibilidad” curricular, para poder responder a contextos con alta diversidad geográfica, social, cultural y lingüística.

La aplicación de la flexibilidad curricular también se proponía para Educación Media Superior, sobre todo para la población con mayores desventajas.

En la reforma educativa actual se introduce la visión regional de la educación, que implantará la formulación de contenidos diferenciados para las regiones de México, en las que se ha puesto especial énfasis en la educación indígena, bilingüe y bicultural.

En relación con la agenda del 2030, el objetivo de enseñanza primaria universal tiene que ser una realidad, tener como el reto en la política educativa de implantar un sistema inclusivo, con equidad de género y de excelencia académica, que promueva la política de desarrollo y crecimiento sostenible y al mismo tiempo combata la pobreza en todas sus formas, estimulando para ello las políticas de educación y capacitación profesional, como estrategia a la incorporación al aparato productivo, al trabajo digno y al desarrollo de capital humano.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública, en el 2018, 4% de la población total en México es analfabeta, disminuyendo 1.5 puntos con respecto al informe presentado en el 2015 de los resultados de los Objetivos del Milenio, con un porcentaje de 5.5 por ciento. Sin duda, es un resultado positivo, pero el reto es abatir el analfabetismo.

De acuerdo, con la Encuesta Intercensal del Inegi 2015, la población de jóvenes entre 15 y 29 años era de 30 millones, de los cuales, 66.8%, me refiero a 20.44 millones, no asistió a la escuela, dato muy revelador de la situación de exclusión social y desigualdad económica.

En el contexto socioeconómico referido anteriormente, se destaca en la pirámide demográfica la población joven en México; que requiere en forma inmediata una política de desarrollo de capital humano, con perspectiva de equidad de género e igualdad de oportunidades, promoviendo los derechos humanos y la inclusión social.

Olga Lazcano Ponce es profesora tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP),