La Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero de funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, para que puedan ser juzgados de cometer algún ilícito como cualquier otro mexicano.

Con fuero, los servidores públicos tienen que someterse a un procedimiento para que le sea retirado y posteriormente puedan ser juzgados por una autoridad.

Así, la reforma, que los legisladores etiquetaron como “histórica”, incluyó modificar los Artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política.

El dictamen aprobado pasará a la Cámara de Senadores para que sea discutido y en caso de que sea aprobado, la reforma se enviará a los Congresos de los estados de la República. Se necesita el aval de la mayoría de las Legislaturas de los estados del país para que entonces el Ejecutivo federal la promulgue y entre en vigor.

La reforma contempla el retiro del fuero al presidente de la República, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal.

Así como a los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Estado, el fiscal general de la República, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, presidentes municipales, regidores, alcaldes y concejales.

En tanto, se incluye en el Artículo 110 constitucional que podrá ser sujeto de juicio político el presidente de la República.

En el pleno de la Cámara Baja los grupos parlamentarios del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, Morena, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social se posicionaron a favor del dictamen, que previamente había sido aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, quien dio la posición por el Grupo Parlamentario del tricolor, indicó que con la reforma se avanza en el combate a la corrupción “a pasos agigantados”.

“Al presidente de México solamente se le podía juzgar por traición a la patria, que es un concepto muy amplio, o ya fuera por delitos del fuero común, de naturaleza grave.

Hoy desde la punta de la pirámide del organigrama político de nuestro país, hasta la posición más humilde del servicio público, todos tenemos y tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley”, afirmó.

Por su parte, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, quien dio el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, aseveró que “con este dictamen se pone un alto a la protección de quienes han abusado de un puesto público para malversar los fondos públicos desde hace décadas”.

Mientras tanto, Francisco Martínez Neri, dirigente del Grupo Parlamentario del PRD, afirmó que se debe vigilar que la reforma pase en los congresos locales.

“Aplaudamos y vigilemos que las Legislaturas estatales homologuen su marco de referencia. Nunca más un Duarte ni un Moreira ni un gobernador prófugo por acumular riquezas injustificables”, señaló.

En este sentido, el diputado Agustín Basave (PRD), miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó ante el pleno que la eliminación del fuero debe ir acompañada de la reforma al Artículo 102 constitucional, que dotaría de autonomía a la Fiscalía General de la República, ya que de no hacerse así se generaría un “desequilibrio”.

A su vez, el diputado José Hernán Cortés Berumen, quien dio el posicionamiento por la fracción parlamentaria del PAN, hizo un llamado al Senado y a los Congresos de los estados para que aprueben la reforma.

“Esto no debe quedar como una simulación, debe ser una realidad, porque México necesita que realmente todos los funcionarios públicos rindan cuenta de cara a sus propias acciones”, dijo.

El dictamen aprobado deroga, por ejemplo, el primer párrafo del Artículo 108 que señala que “el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

sin prisión preventiva

Destaca también que en el dictamen se precisa que a los servidores públicos que se le vincule a proceso no podrán ser sujetos a prisión preventiva ni se les podrá separar del cargo hasta que haya una sentencia.

“Cuando el juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados en este artículo, se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado”, expone el documento.

Sobre la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios, el dictamen señala que se mantendrán vigentes hasta tres años posteriores al dejar su encargo como servidores públicos.

La instauración del fuero en México tiene su origen en la Constitución de Cádiz, en 1824; no obstante, la forma en la que se contempla hoy en día derivó de la Revolución Mexicana y se incluyó en la Constitución actual con el objetivo de que ningún legislador pudiera ser aprehendido por expresar sus ideas.

En este sentido, el dictamen también contempla este rubro, ya que se propone que en el último párrafo del Artículo 17 constitucional se agregue que nadie podrá ser privado de la libertad por sus opiniones.

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