Para evitar que el crimen organizado siga vulnerando y corrompiendo el aparato institucional del Estado mexicano, la Cámara de Diputados procesa reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, orientadas a incluir procesos de evaluación de control de confianza en los servidores públicos del Poder Judicial federal y de los estados.

Dichos procesos constarían de los siguientes exámenes: patrimonial y de entorno social; médico; psicométrico y psicológico; poligráfico, y toxicológico. De acuerdo con la propuesta en etapa de dictaminación, el objetivo es que el Poder Judicial cuente con un proceso de control de confianza que fortalezca los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia de sus servidores públicos.

Jamás deben repetirse casos en los que los inocentes se convierten en presuntos culpables ni los casos en los que los verdaderos delincuentes sean liberados por resoluciones absurdas de los tribunales", cita la iniciativa promovida por el grupo parlamentario del PAN.

Desde la perspectiva de los promoventes, se requiere someter a exámenes de control de confianza a los magistrados de circuito, jueces de distrito, Secretario General y Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como al Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las salas regionales del TEPJF.

El propósito es que el Poder Judicial federal cuente con un riguroso proceso de evaluación del personal para verificar que actúe dentro del marco de la legalidad y la ética.

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