El colectivo Vamos por una Fiscalía que Sirva presentó en la Cámara de Diputados su propuesta para que el Congreso realice una reforma amplia para garantizar la autonomía de la próxima Fiscalía General de la República y no sólo se elimine el pase automático del actual titular de la Procuraduría General de la República a fiscal.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, pidió a los legisladores que no permitan que este rubro se convierta en una disputa entre partidos porque ya es un tema de Estado.

La integrante del colectivo, Ana Lorena Delgadillo, explicó que la propuesta del colectivo pretende que en el perfil de los propuestos se incluya que no haya sido candidato en los últimos cuatro años a un puesto de elección ni haya sido representante de partido.

Se propone la integración de una comisión de designaciones conformada por nueve ciudadanos que tendrán a su cargo la valoración técnica de los propuestos.

Prevé la figura del consejo ciudadano dentro de la Fiscalía, integrado por el propio fiscal y seis ciudadanos que observen y sugieran líneas de trabajo.

Marco Fernández, de México Evalúa, dijo que se propone reducir de nueve a seis años el periodo del fiscal y que éste sea nombrado en el quinto año.

Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que se busca que el nombramiento quede a la mitad de los sexenios para evitar que se politice.

Lo presentan al frente

Antes, las organizaciones de la sociedad civil entregaron a los dirigentes del Frente Ciudadano por México la propuesta sobre el diseño de la nueva Fiscalía General de la República, en donde también se pidió ir más allá de la cláusula de pase automático.

El colectivo lo integran organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, Transparencia Mexicana, Fundar, Artículo 19 y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

La propuesta entregada al presidente del PAN, Ricardo Anaya, del PRD, Alejandra Barrales, y el representante de Movimiento Ciudadano, Alejandro Chanona, contiene puntos como las reglas para la designación y remoción del fiscal y las fiscalías autónomas, y profesionalización de las fiscalías.