La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analiza reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de establecer que los militares implicados en violaciones de derechos humanos serán investigados y juzgados por tribunales civiles.

El proyecto, impulsado por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), refiere que la presión de las instituciones militares para conservar su jurisdicción sobre los delitos de derechos humanos es sumamente fuerte.

En México, precisa la iniciativa, cada vez son más los informes de graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y otros malos tratos, perpetradas por miembros del Ejército mexicano y las autoridades militares no investigan de forma inmediata, imparcial y eficaz.

El sistema de justicia militar sigue investigando y juzgando al personal militar acusado de violaciones de derechos humanos, con lo que hay una propensión a ser juez y parte. La falta de independencia e imparcialidad de este sistema niega a las víctimas y a sus familiares acceso a la justicia, y es un importante obstáculo para terminar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos’’.

De acuerdo con la propuesta en estudio, los poderes Ejecutivo y Legislativo no han aplicado las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado importantes medidas al respecto.

En julio de 2011, la Corte determinó que el Estado mexicano debía aplicar las sentencias de la Corte Interamericana sobre México al respecto.

Esa decisión fundamental fue una de las primeras consecuencias directas de las reformas por las que se incorporaron a la Constitución las obligaciones contraídas por México en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. No obstante, las autoridades militares continuaron reclamando jurisdicción, mientras que las civiles siguieron declarándose incompetentes por considerar que la decisión de la Corte no sentaba precedente vinculante’’, se establece.

De ahí la necesidad, consideran los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, de modificar el Código de Justicia Militar ya que muchos agentes del Ministerio Público federal y de los estados no pueden investigar casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares porque la ley vigente no lo prevé así aún.

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