La creación de órganos especializados tanto a nivel federal como estatal para la resolución de conflictos penales, así como la instauración de la figura de facilitador (funcionarios que se desempeñen como mediadores entre particulares), propone el presidente Enrique Peña Nieto, como parte de una nueva iniciativa que envió al Senado.

El proyecto de ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal plantea que los órganos especializados cuenten con personal profesional de diferentes disciplinas, entre ellas la de Derecho, y que cada órgano cuente con una base de datos de los asuntos desahogados.

El pasado martes, el presidente Peña Nieto anunció el envío de una iniciativa para la resolución alterna de conflictos en materia penal, que reduzca costos y tiempos de procesos, que disminuya la saturación en cárceles y permita al Estado mexicano concentrar sus recursos y capacidades en la investigación y detención de altos delincuentes.

Así, el proyecto de ley contempla que los mecanismos alternativos propicien, con el diálogo, la solución de controversias, con motivo de la posible comisión de un delito, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.

La iniciativa de Peña Nieto incluye que éstos sean aplicados desde el inicio del procedimiento penal y antes de que se dicte el auto de apertura del juicio o de que se formulen las conclusiones.

De acuerdo con el proyecto, el agente del Ministerio Público ante el cual se presente la denuncia o querella podría enviar al órgano especializado los expedientes que entren a este mecanismo.

El Ministerio Público (…) orientará al denunciante o querellante sobre los procedimientos alternativos de solución de controversias y, para tal efecto, le informará en qué consisten éstos y sus ventajas , reza el proyecto legislativo.

Posteriormente, el juez enviaría el asunto al órgano cuando el imputado y la víctima u ofendido estén de acuerdo en solicitar el inicio de un procedimiento alternativo. Dicho proceso arrancaría a petición verbal o escrita del solicitante.

El órgano contaría con facilitadores certificados, de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de capacitación, evaluación y certificación.

La propuesta de ley regula tres procedimientos de resolución de conflictos: mediación, conciliación y restaurativo. Se busca que los facilitadores propongan y apliquen el procedimiento que sea acorde al caso concreto y que permita soluciones equilibradas.

A través de la mediación, dirigida por un facilitador, las partes propondrían formas de resolución del conflicto. En la conciliación, el facilitador propone soluciones. Y en el procedimiento restaurativo, se incluye la participación de las partes, así como de la comunidad, para el reconocimiento de responsabilidades colectivas.

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