Al presentar el Informe de Labores 2020-2021 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón afirmó que la salud de la democracia mexicana depende “de la intensa, benéfica y respetuosa relación entre las instituciones públicas”. Por ello, comprometió que los integrantes del Tribunal, “en todo momento sabremos mantener el principio de división de poderes, entendiendo que división no significa confrontación”.

En sesión solemne ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del TEPJF, el magistrado Reyes Rodríguez, dijo que hay múltiples puntos de coincidencia entre los Poderes de la Unión para impulsar la democracia y los derechos humanos.

De que para los próximos comicios, los partidos políticos, candidatos, actores políticos y, sobre todo, a la ciudadanía, tienen la garantía de que se protegerá la equidad, la libertad y el cumplimiento de la ley.

Ante ministras y ministros de la SCJN, las consejeras y los consejeros del CJF, y magistradas y magistrados del TEPJF, el magistrado Rodríguez Mondragón invitó a la ciudadanía a hacer suya la justicia electoral para exigir el acceso y respeto a sus derechos, sobre todo de quienes han sido marginados o invisibilizados.

“Nuestra labor jurisdiccional mantendrá su brújula en favor de las libertades y la igualdad entre las personas, ya que es el único camino para afianzar una democracia de mayor calidad”, expresó.

Durante la sesión, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón reconoció al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, por su apuesta a mejorar las instituciones de justicia de nuestro país y por su firme defensa del Poder Judicial.

El magistrado presidente del TEPJF destacó que los procesos electorales de este año fueron los más grandes de la historia, tanto por el número de votantes registrados como por la renovación de los 20,446 cargos de elección popular, donde además se celebraron en medio de la emergencia sanitaria a nivel global.

Indicó que en ese periodo, las Salas Regionales y la Sala Superior recibieron 18,242 impugnaciones, las cuales fueron resueltas, en un promedio de 15 días. Afirmó que el 99.48% de las sentencias fueron cumplidas, y resaltó que las resoluciones reflejan criterios clave en materia de acciones afirmativas, representatividad, fiscalización, reelección, integridad electoral y nulidades.

Mencionó que en la disputa por las 15 gubernaturas se vinculó a los partidos políticos nacionales a postular al menos a siete mujeres, lo que contribuyó a que resultaran seis gobernadoras electas. En cuanto a la renovación de la Cámara de Diputados, dijo que se logró la paridad con la integración de 250 hombres y 250 mujeres, igualmente en los 30 congresos locales renovados, siendo que en 18 se alcanzó una integración mayoritaria de mujeres.

El Informe de Labores se resaltó en materia de resultados electorales la impugnación a siete elecciones de gubernaturas, todas ellas resueltas por la Sala Superior, y como criterio relevante en el caso de Michoacán, para el cual se decidió no ser ajena a los efectos que la inseguridad tiene para los procesos electorales, por lo que se dejó sin efectos la votación de 4 municipios.

Un segundo asunto que resaltó en el informe fue la calificación de la elección a la gubernatura de Campeche. Se reconoció que ─cuando existan indicios que pongan en duda una elección y el margen entre los primeros lugares sea estrecho─ la medida apropiada para dotar de legitimidad y certeza al resultado es el recuento total de los votos.

Por otra parte, se resaltó que la Sala Superior confirmó o decretó la nulidad de 15 elecciones, en las que destacan los casos de Iliatenco, Guerrero (nulidad por incurrir en violencia política en razón de género), y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (debido a que un actor religioso intervino durante la veda electoral).

En la lectura del Informe, también se hizo hincapié en la labor de capacitación y formación de la Escuela Judicial Electoral, a través de la cual se impartieron 60 cursos y donde actualmente se ofrecen tres posgrados que apoyan la formación de un capital humano profesional: la Maestría en Derecho Electoral; el Máster en Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Paridad, así como el Doctorado en Derecho Electoral.

Finalmente, el informe dio cuenta de que el TEPJF enfrentó el proceso electoral con altura de miras y profundo compromiso institucional, lo que se reflejó en que el 93% de las sentencias se resolvieron por unanimidad y el 7% restante se resolvió por mayoría.

Además, también se informó que se aprobó la creación de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral, con la convicción de renovar al Tribunal para cumplir con las exigencias de la sociedad. El magistrado Reyes Rodríguez dijo que el propósito de dicha comisión es ofrecer una justicia más abierta, más cercana a la gente, dialogante e incluyente, que proteja de mejor manera los derechos humanos.

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