En el proceso contra Rosario Robles, la justicia ha sido selectiva u omisa al momento de señalar y sancionar a los presuntos responsables del caso Estafa Maestra, ya que si bien la extitular de la Sedesol y la Sedatu tiene responsabilidad, de acuerdo con los dictámenes y pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, también la tienen otros exfuncionarios del sexenio pasado, entre ellos Alfredo del Mazo —que estuvo al frente de Banobras—, Emilio Lozoya —que encabezaba Pemex—, José Antonio Meade —extitular de la Sedesol— y Emilio Chuayffet —en la SEP—, entre otros, señala un análisis de la organización México Evalúa.

“Más allá de celebrar que Robles rinda cuentas por su posible responsabilidad en este entramado de corrupción, cabe cuestionar: ¿por qué los reflectores se han centrado únicamente en ella, en un caso que implicaría a muchos más?”, cuestiona la organización.

Cabe recordar que la exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta un proceso penal y, en camino, un posible juicio político, por su participación en la Estafa Maestra, la red de corrupción que tramó la contratación de empresas fantasma a través de ocho universidades estatales, con la finalidad de desviar recursos públicos de 11 dependencias.

México Evalúa considera que si se omite el posible conflicto de interés del juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien ha llamado la atención por ser sobrino de Dolores Padierna, cabría cuestionar la idoneidad de la prisión preventiva “justificada” impuesta a Robles.

Y es que los requisitos que deben cumplirse para imponer esta medida, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es que la prisión preventiva justificada procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para satisfacer estas exigencias: 1. Garantizar la presencia de la persona en el juicio; 2. Asegurar el desarrollo de la investigación y 3. Proteger a terceros.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía solicitó que se le impusiera prisión preventiva a Robles Berlanga. Sin embargo, las pruebas del Ministerio Público para solicitar esta medida fueron únicamente tres: una licencia de conducir con información falsa, el actual desempleo de la exfuncionaria y que Robles se encontraba en Costa Rica cuatro días antes de la audiencia inicial.

Sin embargo, destacó la organización, la defensa de Robles omitió mencionar que sus cuentas bancarias estaban congeladas desde agosto, por lo que carece de liquidez para salir del país. “Si la Fiscalía presentó argumentos y pruebas escuetos, los abogados de Robles no se esforzaron demasiado en desvirtuarlos”.

México Evalúa llamó la atención de que sea Rosario Robles la única procesada aun cuando durante el juicio se vislumbraron otros posibles responsables, ya que de acuerdo con la causa penal 314/2019, en la que se determinó vincular a proceso a la exfuncionaria, el juez de control requirió a “la Fiscalía federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas” a Robles.

Sin embargo, el 13 de agosto, día en que la defensa presentó el acta de entrega-recepción de la Sedesol por parte de Robles a Meade, el mismo juez estimó que era claro que “la causa penal no involucra a José Antonio Meade como sujeto activo”, ya que no “se refiere a la temporalidad en que él ocupó la Sedesol”. Por lo anterior, el juez concluyó que “el documento refiere a hechos ajenos a la litis de este asunto y a terceras personas ajenas a ellos”.

“Si ese documento prueba que Robles notificó a Meade sobre las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación que se encontraban pendientes de resolver en la Secretaría que él encabezaría, ¿por qué no se iniciaron otras investigaciones?”, cuestiona el análisis.

Lo único que queda claro —prosigue el análisis de la ONG— es que hoy los ojos del aparato de justicia han decidido acotar su campo de visión al objetivo más próximo y disponible, y que es necesario que Robles se someta a un proceso justo, en el que responda por sus acciones y responsabilidades.

Por otro lado, en el proceso penal contra Robles, valdría la pena analizar si con las pruebas se busca sancionar a todos los involucrados en un esquema de corrupción complejo, o únicamente se pretende una justicia selectiva que calme el malestar social ante la corrupción.

Confirman cárcel preventiva

Hay intereses políticos: defensa

La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Isabel Cristina Porras Odriozola, confirmó que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, continuará en prisión preventiva, pese a que, según los abogados de Robles, la magistrada reconoció inconsistencias en el proceso.

La impartidora de justicia consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) sí justificó los motivos por los que Robles seguirá en el Penal de Santa Martha Acatitla, porque hay razones para considerar que podría haber evadido la justicia.

Según la defensa de la exsecretaria de Estado, a cargo del Bufete Hernández Barros y Epigmenio Mendieta y Abogados, “aun cuando el fallo admite que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna se excedió en imponer la prisión preventiva de forma incongruente, arbitraria, infundada y alejada de cualquier razonamiento jurídico, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola resolvió mantener dicha medida cautelar en perjuicio de la exsecretaria de Estado. Es decir, los intereses jurídicos nos dan la razón, pero los intereses políticos deciden mantenerla presa”, acusaron.

La magistrada, según los abogados, reconoció que en el caso contra Robles Berlanga “se han cometido agravios importantes que la perjudican”.

Robles se encuentra detenida desde el pasado 13 de agosto ante un posible riesgo de fuga, según dictó en su momento el juez Delgadillo Padierna, decisión que fue apelada por la defensa de Robles ante un tribunal.

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