Política

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Plantean sistema de integridad pública

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Por Rolando Ramos / El Economista

La casa en la que vive el presidente Enrique Peña Nieto y su familia, a nombre de un contratista del gobierno, fue uno de los escándalos más fuertes en 2014.

La Cámara de Diputados aprobará en el siguiente periodo ordinario de sesiones la ley general del sistema nacional de integridad pública, que incluirá las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, en materia de combate a la corrupción, anticipó Manlio Fabio Beltrones Rivera.

La exigencia ciudadana es clara y la sociedad ya no puede esperar más para ver que las autoridades de los tres niveles de gobierno respondan a su demanda de que los gobiernos sean transparentes y en los que ya no quepan el abuso y la impunidad .

Desde la perspectiva del coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara baja, quien traiciona la confianza de la sociedad con actos de corrupción debe pagar las consecuencias, sin excepción.

La prioridad de la diputación federal priísta es concretar el marco jurídico del sistema nacional de integridad pública, que junto con el sistema nacional de transparencia, darán al país un modelo integral para combatir con mayor eficacia la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública, reveló el sonorense.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que actualmente se analiza en el Senado, detalló, habrá de potenciar los resultados de dicho sistema, previsto en la Constitución.

La aprobación del referido sistema, aseguró, está muy cercana, por los acuerdos que se han alcanzado entre las principales fuerzas políticas’’.

La coordinación del sistema nacional de integridad pública, precisó Beltrones Rivera, se fortalecerá con base en cuatro ejes:

Una fiscalía anticorrupción, que formará parte de la nueva Fiscalía General, que reemplaza a la actual Procuraduría General de la República; se modificará la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio, que aplicará en los casos de enriquecimiento ilícito.

Un tribunal fiscal y administrativo que no sólo obligue a los funcionarios a rendir cuentas, sino también aplique las sanciones administrativas que correspondan.

Una Auditoría Superior de la Federación (ASF) con mayores facultades de investigación y sanción, cuando se detecten irregularidades, ya que actualmente las sanciones no tienen la contundencia ni la regularidad necesarias.

Una Secretaría de la Función Pública (SFP) con nuevas atribuciones, que tome medidas y se ocupe de prevenir las irregularidades en la administración pública de los tres niveles de gobierno, y en todos los órganos del Estado , concluyó.

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