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Plantean dar seguimiento a recursos erogados por Covid-19
Sólo los congresos de Sonora y Coahuila han creado una comisión de vigilancia a los recursos ejercidos por gobiernos para atender la emergencia.
A nivel nacional, sólo dos de los 34 órganos legislativos que existen en el país han hecho uso de sus facultades constitucionales para dar seguimiento a lo erogado por la emergencia sanitaria ante el coronavirus.
Tras un análisis realizado al mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, de Tojil y la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC), conocido como “Susana Vigilancia”, ambas organizaciones denunciaron que los congresos del país están desaprovechando la posibilidad de crear comisiones especiales para dar seguimiento a los recursos ejercidos durante la pandemia.
Se indicó que únicamente los poderes legislativos de Sonora y Coahuila han creado una comisión especial de vigilancia.
Sin embargo, en el caso de Coahuila, el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos, ya que su información pública disponible permite saber de su creación, pero no aporta más detalles. En tanto que la comisión especial de Sonora tiene establecidos sus objetivos y alcance.
En el plano federal, ni el Senado ni la Cámara de Diputados han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia, pese a que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos; pero hasta el pasado 22 de junio, no había sido aprobada por el pleno.
Cabe señalar que las comisiones especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público, por lo que el resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo.
Asimismo, las organizaciones indicaron que aun cuando los y las legisladoras se han pronunciado a través de comunicados y redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos, no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna.
El mecanismo de seguimiento estudió las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales), y aunque en materia de la emergencia sanitaria han comparecido funcionarios federales y estatales ante el Congreso federal y locales, tras 100 días de la declaratoria de emergencia no hay avances en el tema.
La U-TRAC recordó que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes.
“En nuestro país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país”, expusieron las organizaciones.
Además de recordar que para atender la emergencia sanitaria, el gobierno federal y los gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes.
También para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados, indicaron.
