Asedio judicial contra la libertad de expresión

La censura es un instrumento común a los regímenes autoritarios para imponer su discurso y su visión de la realidad. Acallar a los medios críticos, tomar sus sedes, aprehender a periodistas, imponer censores… son prácticas dictatoriales bien conocidas en América Latina. En México no hemos llegado a ese punto: no vivimos en dictadura ni los ataques gubernamentales contra los medios son generalizados, simultáneos y violentos. Sin embargo, afirmar, como la presidenta Sheinbaum ayer, o AMLO antes, que en México hay plena libertad de expresión y que se respeta, es negar el insidioso asedio contra la libertad de información y de opinión que han enfrentado periodistas y hasta voces ciudadanas críticas este año.

La censura contra los medios ya no implica sólo asesinatos o desapariciones de periodistas, tampoco se limita a agresiones y amenazas ni a la desigual distribución de la publicidad oficial. Todas esas burdas o criminales muestras de intolerancia se mantienen; México es uno de los países más peligrosos para el periodismo; pero han surgido nuevos instrumentos de acallamiento, en particular la criminalización explícita mediante el abuso de la ley.

Como documentan las colaboraciones periodísticas compiladas por Humberto Musacchio en “¡Cállense! Los nuevos rostros de la censura” (2025), el asedio contra voces críticas, profesionales o ciudadanas, se manifiesta ahora en acusaciones criminales sustentadas en figuras de la ley electoral, civil o penal, dolosamente interpretadas o creadas expresamente para amedrentar, humillar, amordazar a quienes documentan las zonas obscuras de este México violento y violentado, o señalan fallas y vicios de los poderosos, los confrontan o se ríen de ellos, en medios, redes sociales, espacios públicos.

En su presentación, Musacchio enumera casos recientes del uso de recursos “pseudojudiciales” y abuso de poder contra periodistas, medios y ciudadanía que ponen en riesgo la libertad de expresión mediante la instrumentalización del sistema de “justicia” o el recurso a la humillación pública. A través de artículos, sobre todo de opinión, publicados entre mayo y octubre en medios nacionales por una pluralidad de periodistas, esta antología da cuenta de la manipulación de figuras legales como la “violencia política de género”, contra Héctor de Mauleón y El Universal desde Tamaulipas o contra la ciudadana Karla Estrella en Sonora, por parte de candidatas a puestos de elección; de la imposición de censura pura y dura de la gobernadora campechana contra el periodista José Luis González de Tribuna Campeche, a quien se prohibió el ejercicio de su profesión y se le impuso, tal cual, un censor de sus publicaciones y entrevistas. Se refieren también la humillación al ciudadano Carlos Velázquez de León obligado a presentar una disculpa pública al senador Noroña, por criticarlo en público, y a la propia Karla Estrella, quien tuvo que disculparse por treinta días en sus redes sociales, también por opinar. Musacchio también advierte las implicaciones de la iniciativa de ley poblana contra el “ciberacoso”, la “Ley Censura” inscrita en la nueva Ley de Telecomunicaciones y el registro obligatorio de telefonía celular, entre otras medidas. En este clima de intolerancia a la crítica y de garantía de impunidad a los poderosos, estas prácticas (aparentemente aisladas) constituyen una preocupante embestida contra la libertad de expresión y contra nuestro derecho a la información.

Como si esto no bastara, sólo la semana pasada fueron acusados de crímenes graves dos periodistas. En Puebla, Rodolfo Ruiz fue acusado de uso de recursos de procedencia ilícita. En Veracruz, Rafael León Segovia fue detenido bajo acusaciones de “terrorismo”. La desproporción de la FGJ veracruzana es tal que ni siquiera tomó en cuenta que la FGR no se atrevió a llamar “terrorismo” el ataque con coche bomba en Michoacán, cuando si algo causa “alarma social” es ese tipo de ataques… y su impunidad.

Indignarnos contra semejante manipulación de las leyes no es sólo solidarizarnos con las voces críticas del poder, es defender nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a la información.