La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) a que incorpore indicadores para resultados de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana, que permitan identificar adecuadamente las acciones realizadas.

Precisó que de los 32 estados que recibieron el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 96.9% de ellos previó recursos para implantar Unidades Estratégicas de Combate al Secuestro (UECS); 78.1% (25) para establecer Centros de Operación Estratégica (COE); 81.3% (26) para aplicar tecnologías Grupo Funcional Gobierno sobre Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento (IBIS/E-TRACE); y 34.4% (11) para desarrollar Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).

En su revisión a la Cuenta Pública del 2012, la ASF detalló que durante las actividades realizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 2012, se constató que desarrolló 22 de los 28 proyectos programados para el ejercicio fiscal de 2012, lo cual representó una meta alcanzada para el indicador de actividad de 78.5%, 0.9% menos que la programada, de 79.4 por ciento.

La ASF mencionó que el SNSP gestionó la transferencia de 1 millón 052,690 pesos, de los que 42.4% (446,515 pesos) correspondió al FASP y 57.6% (606,175.6 miles de pesos) al PROASP, para la operación, en las 32 entidades federativas, de los cuatro Programas con Prioridad Nacional.

La ASF constató que de los cuatro Programas con Prioridad Nacional vinculados con el fortalecimiento de la procuración de justicia, el denominado Unidades Estratégicas de Combate al Secuestro concentró 43.1% (453,273 pesos) del apoyo financiero canalizado por la Federación vía FASP y PROASP.

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