Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, exhortó a mandatarios locales a adoptar el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Borrego expresó que los estados que han adoptado el juicio penal adversarial, conocido como juicio oral, redujeron a 152 días los tiempos procesales, mientras que quienes aplican el modelo anterior, el acusatorio, para dictar sentencia, requieren entre 391 y 543 días para desahogar los procesos.

Ante los 34 integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y los mandatarios estatales, el funcionario destacó los beneficios del nuevo modelo. El funcionario lamentó que sólo aplique totalmente en cuatro entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Añadió que en otros estados la reforma opera de manera parcial o está por avanzar.

El Secretario Técnico resaltó que el área que encabeza dispone de 773 millones de pesos para la capacitación de quienes se encargarán de aplicar el nuevo modelo; de esos recursos, abundó, sólo 157 millones se han destinado a capacitar jueces, magistrados y policías.

Felipe Borrego Estrada aceptó que falta mucho por hacer, porque no sólo es la implementación y aplicación de juicios orales, sino que también se dará impulso a la creación de códigos penales estatales con el fin de homologar los castigos del fuero común y del federal.

La reforma constitucional del 2008 tiene un plazo para operar totalmente en capacitación para procesos de investigación, integración de averiguación previa, vinculación a proceso y juicio adversarial, en el 2016.

A cuatro años de que venza el plazo para el cambio de sistema, el informe de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal revela que 13 entidades federativas, entre las que se cuenta el DF, están en la segunda de cuatro fases de implementación de la reforma penal.

COMPROMETE CONSOLIDACIÓN EN TRES MESES

Retoma compromisos del año pasado

Marisela Morales comprometió a los mandatarios estatales a consolidar en tres meses las unidades especializadas para el Combate al Secuestro y las bases de datos de homicidios dolosos y personas no localizadas; compromisos que retomó de la reunión del 31 de octubre del 2011.

Destacó avances en esas materias y llamó a hacer un esfuerzo extra en el cumplimiento del Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Secuestro.

politica@eleconomista.com.mx