Una de cada dos personas del país piensa que debería castigarse a una mujer que decide abortar , informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Al participar en la Mesa Redonda Discriminación, derechos humanos y aborto , coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir, la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), Jacqueline L'Hoist Tapia, dijo por su parte, que pese a que el aborto es legal en el Distrito Federal, las mujeres lo siguen practicando en la clandestinidad por temor a la pareja o a los familiares cercarnos.

En este tono, la Directora General Adjunta de Quejas y Reclamaciones de Conapred, Hilda Téllez Lino, detalló que que 44.9% de la población en el país apoya en algún grado la imposición de un castigo a las mujeres que decidan abortar.

El ombudsman capitalino dijo que la discriminación sigue siendo un fuerte factor que dificulta el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, porque e pesar de las avances normativos el aborto sigue siendo una práctica condenable.

L'Hoist Tapia lamentó la reducción en el número de centros de salud del Gobierno capitalino en los se realiza el procedimiento de interrupción legal del embarazo, al pasar de 19 a 3, por lo que se pronunció por incrementar el presupuesto en esta materia.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, 13% de las mujeres entre los 18 y 59 años han pedido permiso para hacer uso de un método anticonceptivo.

Ante ello, el ombudsman capitalino señaló que los pendientes sobre el tema del aborto son muchos. Desde el 2007 para acá se presentó una queja en algún momento, que tuvo que ver con un fallecimiento desafortunadamente; pero en los últimos años no ha habido quejas en la Comisión por algún tema relacionado con la Interrupción legal del embarazo . No obstante ello no quiere decir que no haya violaciones a los derechos humanos relacionados con el aborto, sino que todavía hace falta crear condiciones para que los estigmas puedan superarse.

ana.langner@eleconomista.mx