Tras la coincidencia de dos jueces de distrito, quienes señalaron que la Ley de Seguridad Interior (LSI) es inconstitucional, el abogado Roberto Duque Roquero, académico y profesor de la UNAM, expresó que aún hay que esperar la resolución del caso en la Suprema Corte.

En entrevista, el experto en democracia y derecho constitucional explicó que lo resuelto por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, y la jueza novena de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, dado a conocer el viernes pasado, es independiente a los recursos de inconstitucionalidad que están pendientes por resolver en el Máximo Tribunal.

El académico de la UNAM explicó que la SCJN es la única autoridad jurisdiccional en el país que puede invalidar una ley por ser contraria a la Carta Magna.

Dentro del poder Judicial, abundó, hay otros órganos distintos a la Corte, como son los tribunales de Distrito, los cuales también pueden advertir que se está aplicando una norma contraria a la Constitución, pero no tienen facultades de invalidar la ley, sino sólo de inaplicarla.

La diferencia, explicó, es que la inaplicación sólo es para el caso en concreto que se presenta al juez, mientras que, con la invalidación, desaparece la ley.

Al conceder un amparo a la penalista Bárbara Zamora, el juez Silva García consideró que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior implica “introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.

En tanto, la jueza Macías Lovera otorgó la protección de la justicia a una organización de derechos humanos al argumentar que su profesión “los vuelve susceptibles al escrutinio del poder estatal”.