El Centro estadounidense por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (RFK) interpuso un documento nombrado Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de México, en el cual presenta bases para prohibir la aplicación del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas en contra de civiles.

Vale destacar que, en los próximos días, la Suprema Corte discutirá varios casos en los que se cuestiona la autoridad de las Fuerzas Armadas y qué sanción se les impondría por violaciones a los derechos humanos.

Esto representa una oportunidad histórica para que México ponga fin a la impunidad por violaciones a los derechos humanos , dijo el director Santiago A. Canton, del Centro RFK. Considerando las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y policía en los últimos años, la decisión de la Suprema Corte puede enviar un mensaje claro y directo a la sociedad de que los abusos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas ya no serán tolerados , agregó.

De acuerdo con el Centro RFK, el cual tiene estatus consultivo ante la OEA y el Consejo Económico y Social de la ONU, la jurisdicción interamericana demuestra que el fuero castrense debe ser extremadamente limitado, pues los tribunales militares no son competentes para investigar, enjuiciar ni sancionar casos de violación a las garantías individuales cometidos en contra de civiles por elementos de las Fuerzas Armadas.

De ninguna manera podrían representar la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, principio fundamental del debido proceso en México y en la jurisprudencia interamericana , dicta el documento.

El Amicus Curiae refiere que en diciembre del 2011 un juez federal se pronunció afirmando que el fuero militar no es competente para decidir el caso de Bonfilio Rubio Villegas, un joven indígena que fue asesinado en un retén militar mientras viajaba en autobús rumbo a la ciudad de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional impugnó esa decisión, argumentando que no está obligada a seguir las recientes decisiones de la Suprema Corte ni de la Corte Interamericana.

En mayo del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender todos los casos donde se discutía la aplicación del fuero militar, incluyendo el caso de Bonfilio Rubio, hasta que dicte sentencia en los casos radicados ante la misma Corte.

En este tono, el texto presentado por el organismo estadounidense indica que la jurisprudencia interamericana ha sostenido reiteradas veces que el derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos, constituye un principio básico del debido proceso. Las garantías a las que tiene derecho toda persona sometida a proceso deben ser de carácter judicial, lo que implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial.

ana.langner@eleconomista.mx