México presenta índices altos de corrupción en la prestación de servicios públicos al encabezar la lista de sobornos que los ciudadanos reconocen haber pagado para obtener los mismos, según un reporte regional de Transparencia Internacional (TI).

En el informe “Las personas y la corrupción: América Latina y El Caribe”, elaborado a partir de encuestas realizadas a 22,302 personas de la región, Transparencia Internacional encontró que el soborno es más común en México que en los 20 países de la región donde se aplicó el sondeo.

Y es que 51% de los mexicanos encuestados para la investigación indicó haber pagado una “mordida” para tener acceso a un servicio público.

Los servicios por los que los mexicanos pagan soborno con más frecuencia se relacionan con escuelas, atención de la salud y documentación personal, con una proporción de gente -que desembolsa mordidas- que va de 33% a 39 por ciento.

Entre 21% y 30% de la muestra nacional aceptó haber pagado por servicios relacionados con la policía, y de 1% a 10% lo hizo en casos vinculados con tribunales.

Estos números, explicó a El Economista el director del capítulo de Transparencia Internacional en México, Eduardo Bohórquez, confirman el nivel de deterioro institucional que existe en las administraciones municipales y estatales que buscan hacerse de recursos adicionales a través de los servicios que, por obligación, deben ofrecer.

“Siendo México una Federación, a nadie sorprende que las administraciones estatales y municipales soliciten sobornos para que se activen trámites y servicios que corresponden por legítimo derecho”, dijo el especialista en temas de rendición de cuentas.

De acuerdo con Bohórquez, este hecho, perfilado a la extorsión, pone a la población en un estado vulnerable ya que se trata de sobornos para obtener servicios públicos como acceso al agua o a la justicia que muchas familias no pueden negarse a efectuarlos.

Impacto en la región

La corrupción es un azote que lastima diariamente a personas comunes a lo largo del continente americano, señaló por su parte el presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, José Ugaz.

Al presentar el documento en Berlín, Ugaz explicó a través de un escrito que casi dos tercios de las personas para este estudio —que es el último de la serie Barómetro Global de Corrupción— señalaron que la corrupción había aumentado en los 12 meses previos a la encuesta.

En el caso particular mexicano, 61% de los consultados consideró que la situación está peor que hace un año.

“No es ninguna sorpresa que la gente, a lo largo de la región, salga regularmente a las calles para protestar por la corrupción. Lo hemos visto en Brasil, Guatemala y la República Dominicana. Lo hemos visto en México y Honduras. De hecho, siete de cada 10 ciudadanos están listos y dispuestos a participar en la lucha contra la corrupción (70%)”, expresó el presidente de Transparencia Internacional.

De acuerdo con las estimaciones de esta organización, 25% de las personas que se encuentran en mejor situación económica en la región pagó un soborno para acceder a servicios básicos, mientras que 30% de las personas más pobres también lo hizo.

Sin embargo, como las personas pobres tienen menores ingresos disponibles, los pagos de mordidas pueden representar una carga absolutamente desproporcionada sobre sus limitados recursos.

Bohórquez expuso que en México hay un punto de quiebre en la sociedad de hartazgo y molestia por estas prácticas de cohecho que han afectado duramente a la democracia.

En el Barómetro se muestra que 49% de los testimonios mexicanos manifestó que es socialmente aceptable denunciar los casos de corrupción. El porcentaje más alto en esta pregunta lo obtuvo Colombia, con 75% de la muestra consultada.

A su vez, 74% de los nacionales consultados para el estudio consideró que las personas comunes pueden hacer una diferencia en la lucha contra esta práctica ilegal.

El director de Transparencia Mexicana concluyó que la “corrupción e impunidad son amenazas reales al modelo democrático”. En paralelo, Transparencia Internacional sugiere un sistema judicial sólido, honesto y transparente para mantener el compromiso público contra el cohecho.

“La población desea ver que funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos que hayan cometido. Si esto no ocurre, los ciudadanos se sentirán incluso más decepcionados con el sistema de gobernanza de su país y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse”, se lee en la investigación.