La facultad de la Procuraduría General de la República (PGR) para localizar en tiempo real y sin orden judicial equipos de telefonía celular y conexiones a Internet podría ser avalada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con cómo se perfilan las votaciones de los ministros del Máximo Tribunal.

Durante la sesión de pleno del jueves, en la cual se dio entrada al estudio de la acción de inconstitucionalidad introducida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma de los artículos 133 Quater, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones; cuatro de los 11 ministros se pronunciaron por avalar la constitucionalidad de estas modificaciones.

La CNDH consideró que las mencionadas reformas vulneran los derechos humanos de las personas, en tanto son contrarias a las tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte.

La ministra Beatriz Luna Ramos, quien presentó el proyecto de sentencia, argumentó que los artículos no violan el derecho a la privacidad y la PGR ejerce dicha facultad en móviles y no en personas.

No se está pidiendo la localización de la persona, ni se está diciendo que a través de ello se logre la intervención de comunicaciones, ni siquiera el registro de llamadas, lo que se está pidiendo es que se localice el aparato celular del cual han salido determinadas llamadas, que pueden ser o que tienden a la comisión de un delito. Entonces, esto no es invasivo de la vida privada , dijo la Ministra.

A esta propuesta se han sumado los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes consideran que dichas normas sí afectan o limitan los derechos humanos, sin embargo, no violan la Constitución Política.

En contraste, Sergio Valls y José Ramón Cossío rechazaron el proyecto, pues coincidieron en que las llamadas leyes de geolocalización otorgan una facultad discrecional y excesiva a la PGR, cuyo abuso podría afectar a las personas.