Ante el uso inadecuado de tecnologías con capacidad de vigilancia por parte de diversos países, organizaciones de la sociedad civil pidieron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecer normas para que las nuevas tecnologías de vigilancia sean utilizadas bajo estándares de supervisión que prevengan los abusos de estas plataformas.

En el marco del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones sociales solicitaron una audiencia para exponer los riesgos sobre el uso de tecnologías de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión de la región. De manera virtual, destacaron la ausencia de controles democráticos y la falta de transparencia en el uso e implementación de tecnologías de vigilancia, una tendencia cada vez más global.

María Leoni, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), consideró que a lo largo del tiempo, las autoridades han justificado el eso de esta tecnologías como una medida para solucionar un amplio ramo de problemas sociales como la seguridad pública, el control de fronteras, acceso a servicios públicos, entre otros.

Sin embargo, señaló que en realidad no se explican los verdaderos alcances de su uso. Mientras que lo más grave, es que las tecnologías de amplio espectro tienen como finalidad “captar, almacenar, procesar y compartir para diversos fines datos personales de los ciudadanos”.

“Esto no es un problema del futuro. Por ello, es necesario que la CIDH desarrolle estándares interamericanos aplicables a los modos en que los Estados adquieren, desarrollan y utilizan tecnologías con capacidad de vigilancia”, dijo.

Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) destacó que el caso de Pegasus en México, —software usado en especial para periodistas y defensores de derechos humanos— pone de manifiesto el uso sistemático durante al menos 15 años de esas plataformas que se han sofisticado bajo el precepto de ser útiles contra el crimen.

Mientras que bajo dicho argumento, el Estado ha buscado justificar la expansión de sus facultades legales para invadir la privacidad y el incremento del gasto en capacidad de vigilancia, sin contrapesos institucionales ni controles democráticos, cuyo resultado ha sido “la corrupción generalizada y la vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil perpetrada por agentes del Estado”.

“Hoy seguimos sin saber el universo completo de víctimas de Pegasus en México. Las víctimas tampoco saben qué información fue obtenida de ellas, cómo ha sido utilizada; tampoco conocemos a los perpetradores intelectuales y materiales de este espionaje”, señaló.

El relator para Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, agregó que esa instancia registra que desde 2017 se ha incrementado la vigilancia digital. Y que en organismos como CIDH están “muy prestos a los entornos análogos”, cuando la mayoría de amenazas han migrado a digital.

En tanto, Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, añadió que aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a la no repetición de casos de espionaje y "a pesar del compromiso con la transparencia relacionada con Pegasus, ha sido parcial y a cuenta gotas: el gobierno de México no ha entregado información relativa a su adquisición realizada por la Sedena y la extinta CISEN aun cuando existe evidencia”, destacó.

Exponen violaciones a los DDHH en protestas de mujeres

Por otro lado, organizaciones sociales también alertaron ante la CIDH la situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México, ello al señalar que su lucha social es estigmatizada y criminalizada por actores de los tres niveles de gobierno, siendo objeto de constantes abusos y violencias particulares debido a un ambiente patriarcal y a un marco normativo represivo al derecho a la libre asociación, la libre expresión y al derecho a defender derechos humanos por parte de las mujeres, colectivos y movimientos sociales feministas.

En la audiencia se denunció que las violencias patriarcales, como el uso indebido de la fuerza, violencia sexual e incluso tortura sexual, acoso y hostigamiento físico y digital, se han visto exacerbadas en el contexto de las protestas sociales feministas.

Principalmente por el uso indebido del derecho penal, el proceso de militarización que experimenta el país, la falta de controles adecuados y rendición de cuentas por los abusos, la aprobación de marcos normativos, incluyendo tipos penales, que posibilitan las violencias contra las mujeres y la criminalización de la protesta social, el derecho a la libre asociación, reunión y a la manifestación que tienen activistas y mujeres en un país donde se cometen 10 feminicidios en promedio todos los días según datos oficiales.

Al tiempo que las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas, violando el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión.