El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio revés a las negativas de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a otorgar información relacionada con el acuerdo reparatorio suscrito con Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos por la venta irregular de la planta Agronitrogenados en el 2014.

Lo anterior luego de que una persona solicitara la información y la fiscalía la negara al señalar que es clasificada como reservada, dado que su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de la investigación correspondiente.

En su análisis, el INAI concluyó revocar los argumentos de la FGR, puesto que los datos se pueden entregar en versión pública, testando únicamente los datos que pudieran hacer identificables a personas físicas o morales diversas a las personas imputadas en la carpeta de investigación y causa penal en trámite.

Intervención de comunicaciones

Por otro lado, el comisionado Adrián Alcalá, detalló que luego de que una persona pidió información estadística relacionada con el número de solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas, así también como las versiones públicas de dichos requerimientos, tanto de autoridades como a concesionarias de telecomunicaciones en el periodo comprendido de enero del 2018 a diciembre del año 2020.

La fiscalía se limitó a orientar a la persona a consultar la información que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por lo tanto, se dijo, la respuesta de la FGR no guarda congruencia con lo solicitado ya que la institución no realizó una respuesta adecuada y oportuna, lo que ocasionó que se le fuera ordenada a la fiscalía modificar la respuesta para efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de los datos estadísticos solicitados.

Finalmente también se aprobó el proyecto de resolución en contra de la FGR, con relación a la información pública sobre el delito del enriquecimiento ilícito en todo el país.

El INAI ordenó buscar la información y publicitarla puesto que para prevenir, identificar y, en su caso, sancionar el delito que he comentado, así como los actos de corrupción en los que pudieran incurrir las y los servidores públicos, es fundamental garantizar la máxima publicidad de la información.

maritza.perez@eleconomista.mx