La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que obligan a los responsables de manejar los equipos que bloquean las señales de telefonía celular en las cárceles, así como a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, a presentar un informe semestral a la Conferencia Nacional Penitenciaria sobre su trabajo.

Ello, dijo Guillermo Anaya (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, para que las autoridades de los penales corrijan errores y eviten que desde las cárceles se realicen extorsiones.

Consideramos de fundamental importancia legislar para que los funcionarios y servidores públicos respondan de sus actuaciones, (la reforma) contribuye a inhibir y combatir la corrupción por parte de los servidores públicos, así como la posible complicidad de quienes tienen una concesión pública en materia de comunicaciones’’, completó.

Recordó luego que la autorización para bloquear las señales de celulares en las cárceles para frenar la extorsión telefónica, se aprobó desde el 2011, y al año siguiente la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emitió lineamientos de colaboración entre las autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicio de telecomunicaciones para la operación de los sistemas de inhibición.

La minuta se turnó a la Cámara de Senadores para su eventual ratificación o modificación correspondiente.