Sergio Carlos Morales Quintana, líder del Frente Nacional Petrolero, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de “fraude” y lo que resulte contra Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que calificó esa querella como la primera de un trabajador petrolero en funciones.

Morales Quintana dijo representar a 80,000 trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) que conforman las 36 Secciones y que laboran en 14 estados del país.

Con esta denuncia, sumarían seis querellas contra el líder del STPRM por delitos diversos, tanto de disidentes como del partido Movimiento Ciudadano.

En entrevista, Morales comentó: “Soy el primer trabajador activo que viene a meter una demanda para transparentar los bienes del sindicato”.

Aseveró que en el STPRM, desde que estaba al frente Joaquín Hernández Galicia La Quina, hasta Romero Deschamps, “no ha habido transparencia de cuotas, bienes que tenemos, recursos económicos que existen en el sindicato” y agregó que el presunto delito es “fraude por acciones ilícitas en la administración de los recursos del gremio petrolero, sin que se haya dado cuenta de los pasivos y activos con que se cuentan”.

Acusaciones desde hace 15 años

Desde hace tres lustros la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General, ha buscado actuar contra el líder del sindicato petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps.

El 10 de septiembre del 2002, en el gobierno del PAN, la PGR emitió una nota de prensa en la que dio a conocer que había solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del entonces diputado federal Romero Deschamps por “desvíos ilegales de fondos procedentes de Petróleos Mexicanos”.

Dicha solicitud, comunicó en ese entonces la PGR, se generó por las denuncias interpuestas por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo de Pemex.

La PGR indicó que se descubrió que existieron diversos convenios realizados que incluían donativos al sindicato de Pemex.

“Cabe señalar que dichos convenios sólo constituyen un medio para tratar de legitimar desvíos de recursos públicos”, indicó la PGR en un comunicado de prensa.

Un año después, en el 2003, cuando terminó su periodo como diputado federal la PGR solicitó una orden de aprehensión en contra del líder sindical, misma que le fue negada por un juez.

La PGR impugnó dicha resolución el 5 de diciembre del mismo año; no obstante, esa vez un juzgado de distrito desestimó el recurso de la Procuraduría al argüir que la indagatoria se había integrado de manera deficiente.