El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, negó haber tenido una intervención indebida en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como acusó la excomisionada Susana Thalía Pedroza, quien renunció el pasado domingo.

El único caso en el que pidió participar en la Junta de Gobierno de la CEAV, explicó, fue el Nochixtlán por la necesidad de acelerar la reposición de los gastos para atender a las víctimas.

No hay ni un solo caso, uno solo, en el que nosotros hayamos sugerido que se registrara una víctima o que se definiera el monto de una reparación .

Sobre la Ley General de Víctimas recién reformada, dijo que no hay nadie en este país, ni los comisionados, ni los servidores públicos que tenemos que ver con el tema, pero sobre todo las víctimas, que estén satisfechas con lo que ha pasado y por ello este esfuerzo para tener una mejor ley’’.

En tanto, la CEAV, integrada por su presidente Julio Hernández Barros y el comisionado Adrián Franco Zevada, afirmó que la salida de la comisionada de ninguna manera afecta la legitimidad de la Comisión.