La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la Cámara de Diputados y el poder Ejecutivo federal, pero negó otorgar la suspensión solicitada para evitar el recorte de 950 millones de pesos aplicado a su presupuesto del presente año y que los sueldos de los consejeros electorales y altos funcionarios de la institución sean menores que 1.6 millones de pesos anuales, salario máximo del presidente de la República.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2019 ya entró en vigor y no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, por ser una medida cautelar cuya finalidad es preservar la materia del juicio, argumentó el ministro Alberto Pérez Dayán al que se turnó el expediente a fin de que instruya el procedimiento respectivo.

Y que recientemente se resolvieron en sentido negativo también y por las mismas razones las solicitudes interpuestas, vía controversia constitucional, por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

A diferencia de los casos referidos y por tratarse de un organismo que genera sus propios ingresos y no depende del PEF, el ministro instructor sí concedió la suspensión solicitada por el Banco de México.

Pérez Dayán ordenó dar vista al INE y autoridades señaladas como responsables para enviar a la Corte los informes correspondientes en un plazo máximo de 30 días hábiles, así como copia certificada de los antecedentes que a cada una corresponde sobre la iniciativa, discusión, aprobación, expedición y publicación del PEF 2019.

El pasado día 23, el INE interpuso ante la Corte la controversia constitucional, admitida en contra del decreto presupuestal del año en curso porque la Cámara de Diputados aplicó a su gasto original solicitado un recorte de 950 millones de pesos.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del órgano electoral, afirmó entonces que la disminución monetaria vulnera la autonomía e independencia del instituto. “La situación es grave porque, sin haberse medido el impacto que dicha reducción tendría en las funciones constitucionales y legales del instituto, y sin haberse motivado, se coloca al INE en una posición de insolvencia para cumplir a cabalidad con sus facultades y obligaciones”, se quejó.

La autoridad electoral reconoció la decisión de la Corte de admitir su controversia y anticipó que respetará el sentido de las determinaciones.