Mientras la implementación del Programa Frontera Sur ha incrementado las violaciones y crímenes en contra de las personas migrantes; el Estado mexicano ha fallado en garantizar justicia, concluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por su sigla en inglés).

A través del informe Un sendero de impunidad , la Organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, junto con las nacionales Fundar y Casa del Migrante Saltillo, expone que los albergues migrantes a lo largo del territorio nacional continúan documentando secuestros, extorsiones, robos y otros abusos; muchos de ellos perpetrados por oficiales corruptos.

Los autores del texto, José Knippen de Fundar, así como Maureen Meyer y Ximena Suárez Enriquez, de WOLA, encuentran que las autoridades nacionales priorizan la seguridad fronteriza.

De acuerdo con cifras oficiales entre el 2014 y julio del 2016, las autoridades detuvieron a más de 425,058 migrantes. Este elevado número de detenciones sugiere que el número real de personas que abandonan sus países de origen es mucho mayor, en particular dado el aumento de las aprehensiones de los centroamericanos por parte de los Estados Unidos y el número de ciudadanos de los países del Triángulo Norte que también viajan a países vecinos de Centroamérica para buscar protección , se lee en el texto.

En diciembre del 2015, la Procuraduría General de la República estableció dos cuerpos para investigar los crímenes cometidos en contra de personas migrantes durante su estancia en el país: la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.

Si bien ambas oficinas fueron bienvenidas por la sociedad civil organizada, las autoridades no han logrado garantizar que funcionan adecuadamente y cumplen la tarea de sancionar los crímenes contra los migrantes .

Tanto la Unidad como el Mecanismo enfrentan una falta de recursos para investigar este tipo de delitos. Para septiembre del 2016, la unidad sólo tenía cinco agentes del Ministerio Público y dos policías de investigación para atender 129 casos recibidos hasta esa fecha.

Asimismo, estos cuerpos presentan una falta de resultados en las investigaciones a las que están encomendadas. La mayoría de los 129 casos de Investigación dentro de la Unidad se tratan de encarcelamientos falsos (privación ilegal de la libertad). Además, el criterio utilizado para clasificar los crímenes no está claro, ni por qué no investiga casos de migrantes desaparecidos.

Repuntan detenciones y deportaciones

WOLA, concluye que, lejos de disuadir a los migrantes de emprender el viaje hacia el norte, los impactos más notables del Programa Frontera Sur de México han sido un repunte significativo en las detenciones y cambios de a dónde y cómo los migrantes viajan. Estos canjes dejan a estas personas expuestas a nuevas vulnerabilidades, a la vez que los aíslan de la red de albergues establecida a lo largo de las rutas tradicionales.

Pese al aumento en las operaciones migratorias, el 2016 puede ser el año con el mayor número de detenciones, deportaciones y peticiones de asilo en México. Frente a la creciente vigilancia y seguridad fronteriza, los migrantes y sus contrabandistas toman nuevas y peligrosas rutas, así como modos de transporte, reportan las organizaciones.

México ha sido capaz de contener los flujos migratorios en su frontera sur sólo mediante el aumento de operativos de control migratorio, incluyendo un aumento de patrullajes; redadas en lugares remotos, y aumento de puestos de revisión.

Sin embargo, el país no ha incrementado su capacidad para detectar aquellos casos en que los migrantes podrían acceder a protección, resultando en la deportación de personas en situaciones peligrosas de las cuales huyeron, explica WOLA.