La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ayer que diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco no implican violación alguna a la libertad de trabajo.

Al negar un amparo a una empresa, la Segunda Sala de la Corte estipuló que los artículos 53 y 62 de dicho Reglamento no son violatorios de la Constitución.

El artículo 53 estipula que para asegurar el derecho a la protección de la salud de las personas, será obligación del propietario, administrador o responsable de un espacio 100% libre de humo de tabaco pedir a alguien que deje de fumar, e incluso exigirle su retiro del lugar y que se traslade a la zona exclusivamente establecida para ello.

En tanto, el artículo 62 refiere que el espacio libre de humo de cigarro debe ser -al menos- el doble del espacio interior que esté aislado de dicho humo.

Así, los ministros de la Segunda Sala argumentaron que estos preceptos sólo establecen la obligación a los propietarios, administradores o responsables de los establecimientos de proteger el derecho a la salud de las personas no fumadoras, así como los porcentajes que corresponden en dichos lugares a las áreas de fumar y no fumar.

Y el cumplimiento de estos deberes tienen el objetivo de colaborar con el Estado para impedir que se fume en los citados lugares, sin que esta acción implique violación al derecho humano a la libertad de trabajo .

La persona moral que impugnó el Reglamento argumentaba que los artículos 53 y 62 violaban lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 5 de la Constitución, el cual precisa que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.

La citada obligación no se traduce en un trabajo personal prohibido por el Artículo 5, párrafo tercero de la Constitución federal, ya que, en principio no está dirigido a una persona determinada, pues la obligación de realizar ese procedimiento constituye una colaboración con el Estado para impedir que se fume en los espacios 100% libres de humo de tabaco, con el fin de proteger el derecho a la salud de la población , puntualizaron los ministros.

Por otra parte, la Primera Sala de la Corte -al resolver otro recurso- estimó que es constitucional la fracción II del artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, que establece que los lugares con acceso al público, o las áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior, deben contar con zonas exclusivamente para fumar.

Ello en virtud de que la protección de la salud es una previsión constitucional que justifica la limitación a la convivencia de los fumadores con los no fumadores .

Un particular impugnó la inconstitucionalidad del artículo 27 de la citada ley, al considerar que no existe un adecuado balance entre el trato desigual que se otorga y la finalidad perseguida, ya que el negocio del cual es propietario es un lugar 100% para fumadores, en donde las personas son libres de decidir si entran o no, argumentó. Los ministros resolvieron en contra.