Pieza importante en el peñismo, desde la campaña presidencial y como director de Petróleos Mexicanos en tiempos de una reforma energética que impulsó este mismo gobierno, Emilio Lozoya ahora regresará a México ante procesos judiciales abiertos.

¿Quién es Emilio Lozoya?

  • Durante su carrera en la administración pública, Emilio Ricardo Lozoya Austin sólo tuvo un cargo: el de director en Petróleos Mexicanos en el 2012, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
  • Dejó el cargo en febrero del 2016.
  • Trabajó en el Banco de México de 1999 al 2001, y como oficial de inversiones en la Corporación Interamericana de Inversiones, perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Del 2005 al 2010 fue director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial.
  • En el 2012 trabajó en el equipo de campaña y de transición de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como encargado de Asuntos Internacionales.
  • Asimismo, del 2010 al 2012 fue miembro del Consejo de Administración del grupo empresarial OHL.
  • En julio del 2019, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Acusaciones de corrupción

  • Al exdirector de Pemex se le señala en diversos escándalos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como lo son el supuestamente haber recibido sobornos millonarios de empresarios a cambio de adjudicarles contratos de obras públicas (ampliación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo a la constructora brasileña Odebrech y otros a la constructora española OHL).
  • Además de posiblemente haber participado en el desvío de al menos 2,144 millones de pesos con ayuda de la Universidad Autónoma del Carmen por medio del mecanismo de desvío de recursos públicos conocido como Estafa Maestra.
  • También se le acusa de operar la compra fraudulenta de las plantas fertilizantes, Agro Nitrogenados y Fertinal por las que Pemex tuvo una pérdida de 13,552 millones de pesos más 8,466 millones de pesos que se gastarán en rehabilitar una parte de la chatarra adquirida, y con la que habrían resultado beneficiados un grupo de empresarios y el propio Lozoya.

Cohecho, lavado y asociación delictuosa, los cargos imputados

Desde febrero de 2020 Lozoya Austin se encontraba preso en España en espera de un juicio de extradición y fue apenas el 29 de junio que aceptó regresar a México para enfrentar un proceso penal por los delitos de lavado de dinero; asociación delictuosa y cohecho, por la transferencia de 12.5 millones de dólares de Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA) a cuentas en Suiza que involucran también a su familia, las cuales se dice sirvieron para adquirir dos residencias.

Gracias a una investigación periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fue que se dio a conocer la compra de los inmuebles, uno en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y una mansión en Ixtapa.

La primera acusación gira en torno a que los sobornos de AHMSA habrían sido para que Emilio Lozoya promoviera ante el Consejo de Administración de Pemex la compra de la planta “chatarra” de Agro Nitrogenados, propiedad de Altos Hornos, en 240 millones de dólares.

Mientras que la Segunda acusación señala que el exdirector de Pemex recibió sobornos por parte de la de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

El primero en 2012, cuando era coordinador de vinculación internacional de la campaña del entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, por la cantidad de 3 millones 150 mil dólares a cambio de contratos millonarios de obra pública en caso de ganar los comicios.

El segundo caso de soborno por Odebrech contabiliza el pago de 5 millones 951 mil dólares entre 2012 y  2014, para obtener contratos de obra por parte de Pemex, en concreto la ampliación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

Sin embargo, expertos en el tema señalan que habría que agregar a la lista otros delitos por hechos de corrupción, entre ellos, ejercicio ilícito del cargo, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, por mencionar algunos.

Desde quedar libre, hasta reducir la sanción

Estefanía Medina, fundadora de la organización TOJIL, y Fabiola Navarro, académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coinciden que en el caso del exdirector de Pemex y sus acusaciones formales existen dos figuras legales a las que en teoría podría acceder.

Criterios de oportunidad. Estefanía Medina explica que para esta figura tienen que cumplirse varios requisitos, entre ellos la colaboración para entregar información por parte del señalado, además se tiene que pagar o garantizar la reparación del daño, bajo dos supuestos:

El primero, que la información que Lozoya aporte se relacione con un delito de mayor gravedad que los que se le acusan a él. Y el segundo, que la persona sobre la que dé información haya tenido una participación más importante que la que tuvo Lozoya en el caso.

Al cumplir estos criterios, tendrían que ser decretados por la Fiscalía General de la República o el Ministerio Público a cargo, y lo que implicaría es que él ya no sería llevado a un juez para continuar con todo su proceso penal.

“Quedaría completamente sin ninguna sanción en el ámbito penal”.

Aunque forzosamente tendría que comparecer en el juicio relacionado con la persona de la cual él entregó información.

En una confesión de responsabilidad, puede negociarse la penalidad

Fabiola Navarro explica que el procedimiento abreviado consiste en que el ministerio público o el fiscal, celebran un acuerdo verbal con el acusado. El intercambio sería que Lozoya confiese su responsabilidad por los tres delitos que se le acusan y a cambio, obtiene una disminución de la pena.

En este caso, la fundadora de la organización TOJIL, indica que la pena de cárcel puede quedar en sólo un tercio de la mínima pena que se le esta aplicando, es decir, “si nos vamos a la mínima pena de los delitos que tiene Lozoya, estaríamos hablando de 12 años de la suma de los tres y un tercio podría quedar hasta en 4 años”

Asimismo, la coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, detalla que para el procedimiento abreviado, el fiscal se tiene que poner de acuerdo con el abogado del acusado y si están de acuerdo se lo hacen saber al juez, quien decide si aplica o no el proceso.

“Si el fiscal propone eso, tenemos la esperanza de que el juez no acepte la tramitación del proceso. Eso sígnica que Lozoya tendría que ser juzgado mediante un juicio oral”

Fabiola Navarro aclara que esta medida no es un derecho del acusado y sólo lo puede presentar el fiscal.

“Ambas figuras están pesadas para que los ficales puedan resolver rápidamente y sacer del sistema asuntos de baja complejidad, para que los recursos institucionales se puedan aplicar en aquellos casos que ameritan más complejidad o causan más daños social”, enfatiza.

Advierten

La empresa petrolera no se administraba sola

Para la académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Navarro, el extitular de Pemex no actuó solo. Esto, señala, es especialmente relevante porque dado el diseño de gobierno de la paraestatal, aunque ocupó un puesto extremadamente poderoso no pudo haber actuado silenciosa y solitariamente; Pemex se dirige y administra en forma conjunta y solidaria por el Consejo de Administración y por un director general.

Por tanto, aunque Lozoya Austin es una pieza muy importante, junto con él tendrán que ser llamados a cuentas y responder por las acusaciones --lo que cada uno hizo o dejó de hacer-- otros exservidores públicos del primer círculo del entonces presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos, cuatro exsecretarios de Estado: Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y entonces presidente del Consejo; Economía, Ildefonso Guajardo; Hacienda, Luis Videgaray; y Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud.

En la presunta red de corrupción, “tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la red de corrupción que involucra a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, también participaron legisladores por lo que, dijo, el mismo exfuncionario está dispuesto a declarar sobre los hechos.

“Él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedió (...) De acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea, que están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto”, sostuvo. El mandatario dijo que aunado a los recursos a recuperar, Lozoya deberá aclarar cómo fue el esquema de corrupción por el cual se compró una planta de fertilizantes en malas condiciones.

Escenarios

Llaman a evitar arreglos por debajo de la mesa

Ambas expertas en leyes y temas de corrupción, advierten que en cualquiera de las dos figuras antes explicadas,  se podría generar un “arreglo por debajo de la mesa”, provocando impunidad en el caso, además de que el exfuncionario no debería ser candidato a estas.

Sobre el tema, Fabiola Navarro explica que la FGR no debería apegarse a los criterios de oportunidad, pues el sistema acusatorios señala que éstos se aplican solamente en delitos que no afectan gravemente el interés público, por lo que debido a las particularidades que tienen los delitos que pudo haber cometido Emilio Lozoya, este procedimiento técnicamente no le tendría que ser aplicable.

Por ello, la también abogada y autora del libro “Juicio para Emilio Ricardo Lozoya Austin”, considera que los criterios de oportunidad no debería de ser ni siquiera una posibilidad, porque son para asuntos simples, en tanto que se tiene que poner atención en como la FGR va a aplica las dos herramientas.

Mientras que, desde su punto de vista, Emilio Lozoya tampoco debería ser candidato a la figura de un proceso abreviado, “ porque estas figuras están previstas para delitos de baja lesividad, gravedad o complejidad y si algo no es el caso Lozoya es eso”.

En tanto, Estefanía Medina, expresó que desde la organización social que lidera, preocupa que al aplicarse alguna de estas figuras al exdirector de Pemex, “vaya dar lugar a que simple y sencillamente sea un arreglo por debajo de la mesa, generando  beneficios para la única persona de la que hoy se sabe hay evidencia contundente para el caso Odebrech”.

“Lo más adecuado sería que por la relevancia del exfuncionario y por la evidencia  que se tiene en su contra, este caso se lleve a jucio pidiendo las penas máximas (...) No nos parece que sea una opción para dar grandes beneficios y que se genere un posible casos de impunidad”, advierte.

Finalmente, Fabiola Navarro, considerá que se debe cuestionar que es lo que Emilio Lozoya “le va dar el al sistema de justicia como para que lo premie con una disminución de pena y con qué fundamentos”.

Por lo que será una prueba de fuego para el sistema de justica y la fiscalía General de la República ya como figuras autónomas al Ejecutivo Federal.

“(podría ser) una historia de simulación más, donde se trae a Lozoya, se enjuicia;  no se sabe sobre los delitos y la condena y se genera la impresión de que no hay impunidad porque al final la impunidad sigue siendo la cotidianeidad, porque si tu no juzgas a alguien por todo lo que hizo sobre todo por algo tan grave, pues se llama impunidad”.

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