Los últimos proyectos en materia de seguridad que ha presentado el gobierno de Enrique Peña Nieto no han tenido mucha suerte para ser aprobados en el Congreso de la Unión.

Por ejemplo, desde hace un año permanece sin procesar incluso sin dictaminar la propuesta de reforma constitucional que plantea crear el Mando Único para las policías estatales del país. Dicha propuesta entró a comisiones y no salió de ahí.

La semana pasada, el Ejecutivo federal presentó las iniciativas de ley sobre desaparición forzada y tortura, aunque el periodo ordinario de sesiones del Congreso terminó este martes, será hasta febrero del 2016 cuando se abra una nueva jornada.

También desde septiembre del 2014 está en el Poder Legislativo ya con dictamen, pero sin aprobar la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la República, que busca regular la estructura y las atribuciones de esta nueva institución que dará paso a la transformación de la actual Procuraduría General de la República (PGR).

Desde diciembre del 2014 permanece a la espera de ser aprobada en el Senado, como cámara revisora. Cabe recordar que ya fue aprobada una reforma constitucional al respecto y está pendiente su ley secundaria.

Asimismo, en octubre del 2013, el gobierno de Peña Nieto presentó una reforma a los artículos 215 A, 215 B y 215 C, así como una adición al artículo 215 del Código Penal Federal para precisar diversos elementos del delito de desaparición forzada de personas. Este proyecto también sigue en la llamada congeladora legislativa.

La última reforma aprobada por senadores y diputados federales vinculada a temas de seguridad fue en septiembre del 2014, cuando se avaló la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue enviada como iniciativa preferente por parte del presidente; es decir, que debió ser procesada por el Legislativo en plazos cortos y específicos.

Dicha ley contempla, entre otras cuestiones, los criterios que deberán seguir los Centros de Asistencia Social que albergan a menores de edad, fija el derecho de asistencia social para la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, y obliga a la instauración de procuradurías de protección para este sector de la población.

Otra iniciativa presidencial sobre seguridad aprobada se remonta a marzo del 2014, cuando se avaló la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y otras reformas legales para establecer mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y con el fin de solucionar aquéllas que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la posible comisión de un delito, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.