El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El organismo detalló que en el Presupuesto de Egresos se designaron recursos insuficientes para el programa de generación de estadística y geográfica, además de la reducción total del presupuesto sin que se analizaran las implicaciones y consecuencias de la disminución.

“Ello impide a este instituto ejercer a cabalidad sus funciones, y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”, expuso en un comunicado.

En relación a la impugnación de la Ley Federal de Remuneraciones, explicó que en la aprobación de los tabuladores para el personal del INEGI no hay definiciones que den certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones “en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.

De acuerdo con la ley impugnada, ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales.

El INEGI aseguró que la controversia constitucional promovida tiene la finalidad de salvaguardar la autonomía del instituto y estar en condiciones de cumplir con lo mandatado por la Constitución.

Asimismo, reconoció la aplicación de una política de austeridad por parte del gobierno federal y de la Cámara de Diputados, para que con disciplina en el gasto público se dé un mejor uso a los recursos.

Apenas a finales de enero, el Inegi dio a conocer la cancelación por falta de presupuesto de algunos de los proyectos estadísticos que venía desarrollando, al considerar que el presupuesto de 12,129 millones de pesos es menor a lo necesario para realizar sus operaciones.

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