Una segunda vuelta en las elecciones presidenciales tendría importantes retos legales y operativos tanto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como para el Congreso en términos de la legislación secundaria, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) de la Cámara Alta.

En el reporte Segunda vuelta: implicaciones de una posible implementación en México , se aprecia que desde el 2012, en el Congreso se han presentado 14 iniciativas para incorporar la figura.

El IBD pormenoriza que en diciembre del 2009 y en noviembre del 2012, el entonces presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma.

En los proyectos legislativos, sus promotores argumentan que la segunda vuelta generaría mayorías electorales y un ganador con más consenso; además ampliaría la participación, propiciaría coaliciones de gobierno y reduciría la conflictividad poselectoral.

Sin embargo, el estudio del IBD advierte que, para el sistema político mexicano, la segunda vuelta puede reducir la capacidad de las autoridades para garantizar confiabilidad o equidad por la reducción de tiempos y el aumento de costos y procesos o, en otro escenario, ampliar los tiempos y costos del proceso electoral para que los elementos de confiabilidad y certidumbre sean compatibles con la segunda vuelta, lo cual no es un dilema menor, dada la historia de desconfianza en nuestros procesos electorales .

El sistema electoral mexicano, explica, es más complejo que en otros países, en cuanto a fiscalización, organización, reglamentación, procesos jurisdiccionales y calidad de materiales para la jornada electoral. Esto se debe a que las reformas electorales de los últimos años han privilegiado elementos de seguridad y certidumbre para garantizar la confiabilidad y equidad de las elecciones .

El IBD señala que para un escenario de implementación de la segunda vuelta presidencial es indispensable revisar las condiciones en términos presupuestales, legales y temporales.

De acuerdo con el análisis, además es necesario considerar la carga operativa y presupuestal que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que absorber.

En términos logísticos, es necesario replantearse temas como la capacitación de funcionarios electorales y la elaboración de boletas y paquetes electorales.