Para el profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana, Diego García Ricci, la medida de geolocalización tendrá al menos tres riesgos: primero, cualquier teléfono móvil será localización, sin consentimiento; segundo, el Ministerio Público no tendrá que explicar los motivos por los cuales necesita una localización.

A esto se suma, dijo, el hecho de que el Ministerio Público podría espiar no sólo a personas bajo investigación, sino a cualquier sospechoso. Por ejemplo, enemigos del régimen, como disidentes políticos, periodistas o activistas sociales incómodos. Y la presunción de inocencia resultaría gravemente comprometida .

En tanto, los comisionados del Infodf, Mucio Israel Hernández y Luis Fernando Sánchez, hicieron un llamado a los legisladores para incluir en la próxima Ley General de Protección de Datos Personales temas como el derecho al olvido, manejo de las bases de datos, la información de las personas fallecidas, el uso que darán las autoridades judiciales a las cámaras de video-vigilancia y la geolocalización, y lineamientos en redes sociales.

En opinión de García Ricci, por no constituir técnicamente la intervención de una comunicación privada, el Ministerio Público no estará sujeto al control judicial previsto en la Constitución: no tendrá que explicarle a una autoridad independiente e imparcial los motivos por los cuales resulta necesaria la localización de una persona. Esto es muy grave, pues en un Estado democrático la participación del juez es lo que permite analizar la necesidad y proporcionalidad de la invasión a un derecho fundamental, de tal forma que esta sólo se verifique de manera excepcional y como medida de último recurso .

Desde la perspectiva del comisionado Mucio Israel Hernández, existen algunos vacíos en el país que permiten la vulneración del derecho a la protección de datos. Por ello se debe analizar la reciente aprobación de la geolocalización por parte de la Suprema Corte (SCJN), porque no establecen los alcances o límites.

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