Agotados los impedimentos legales, el gobierno capitalino intervino el predio de Altavista 111 en Santa Fe, para demoler el inmueble que provocó el desalojo de 166 familias de tres torres y, a petición de la delegación Cuajimalpa, implementó un operativo con la Secretaría de Seguridad Pública del DF y garantizar los trabajos que tardarán por lo menos seis semanas, manifestó Manuel Granados Covarrubias.

El consejero jurídico y de servicios legales de la ciudad de México, quien asistió a justificar la fuerza pública y verificar la seguridad de los trabajadores de la empresa privada TGC, responsable de la demolición, comentó que lo fundamental es estabilizar el talud para realizar los trabajos con herramientas y hombres, no con maquinaria pesada por propia seguridad .

Explicó que la tardanza se debió a que existían impedimentos legales ante solicitudes de amparo, que fueron negadas, lo que permite implementar los mecanismos de demolición, costo que habrá de pagar el propietario del inmueble; si no cuenta con recursos se le otorgará un crédito fiscal, aunque ya tiene uno por 1 millón 200,000 pesos ya que no ha pagado el Predial.

Dijo que será sólo la intervención con herramienta que les permita a los trabajadores quitar las instalaciones de la casa de todo lo que tenga que ver con tubería, accesos eléctricos y gas que pudieran poner en riesgo alguna siguiente acción, por lo que se pondrá énfasis en reforzar el talud como medida preventiva para asegurar que las obras se hagan debidamente .

Agregó que será retirada la antena del inmueble, que fue una de las causas del deslave que se sumó a las lluvias torrenciales que reblandecieron la tierra.

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