Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República firmaron un acuerdo para blindar los programas sociales, ya que cuatro de cada 10 beneficiarios de éstos se encuentran en las entidades que tendrán comicios el 5 de junio.

El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, dijo que con este acuerdo buscarán que haya saldo blanco en los programas sociales, es decir, que no se utilicen en apoyo o en contra de candidatos o partidos políticos.

Se comprometió a ser especialmente vigilante y explicó que trabajará en tres vertientes: proporcionar información a los beneficiarios para que no les sean condicionados sus apoyos, capacitación a funcionarios para que sepan su papel en el proceso electoral, así como transparencia y rendición de cuentas de los apoyos.

A ese esfuerzo, agregó, se sumarán al menos 550,000 contralores sociales, ciudadanos que vigilarán que los beneficiarios reciban oportunamente sus apoyos.

Aclaró que durante el proceso comicial no se suspenderán los pagos de programas como Prospera, Diconsa y Liconsa, pero los apoyos para los que no tienen padrón, como es el caso de Opciones Productivas y 3x1 para Migrantes, se interrumpirán 45 días antes de cada proceso electoral.

La procuradora general de la República, Arely Gómez, declaró que en el desarrollo de los procesos comiciales, es factible que se presenten conductas presumiblemente constitutivas de delitos electorales federales, que puedan actualizar hipótesis normativas contenidas en la ley general en materia de delitos electorales que sean competencia de la Fepade .

Mientras tanto, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, recordó que los funcionarios que condicionen los apoyos del gobierno con fines electorales pueden ser juzgados en tres niveles: ante la autoridad electoral, ante la autoridad penal y ante la autoridad administrativa.

Meade Kuribreña, por otro lado, destacó que la ley no coarta la aspiración de los delegados de la Sedesol a un puesto de elección popular.

Yo creo que vale la pena aquí recordar que los equilibrios que se tienen que alcanzar respecto de los propios derechos en materia política y civil que tienen los funcionarios públicos, lo que está tipificado es el mal uso de los recursos , agregó.

El acuerdo contra el uso electoral de los programas sociales fue respaldado también por el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto; el titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol, Pablo Arturo Téllez, y el abogado general y comisionado para la Transparencia de la Sedesol, Emilio Suárez.