Evidencias obtenidas durante un año por abogados del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestran que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no ha logrado cumplir los objetivos planeados en su creación, además de encontrar que persisten inconsistencias en los procedimientos de investigación criminal y descontento por parte de los elementos de la policía con sus tareas.

Al presentar el estudio Nueve años de ocurrencias en justicia penal; evidencias para entender la crisis de la impunidad , Juan Pardinas, director del IMCO, aseveró que hay una brecha de información entre los datos finales que se presentan en temas de seguridad y lo que sucede al interior de los ministerios públicos.

La estrategia de seguridad en México ha estado gobernada por la improvisación al no tener información detallada de las causas de los problemas , agregó.

Para tal aseveración, el IMCO ocupó al estado de Morelos, una de las primeras entidades en implementar el NSJP en el país, para sondear la percepción tanto de la ciudadanía como de las mismas autoridades en materia de implementación de justicia. Los resultados obtenidos, detalló Pardinas, pueden dar indicios de la situación en la totalidad del país.

Entre los resultados destaca que 73% de los ciudadanos-víctima, probable responsable o testigo, no regresaría al Ministerio Público porque pierde el tiempo y no arreglan nada ; 48 % dijo que el servidor público solicita o insinúa algún pago o beneficio; y 43 % declaró haber hecho un pago extra a un agente del Ministerio Público; mientras que 21% respondió haber hecho lo mismo con la Policía.

Por otra parte, del lado de las autoridades, domina el malestar con las condiciones con las que desempeñan su labor, ya que 87% de los policías encuestados respondió que su salario no corresponde a la carga de trabajo que realiza, además de que 43% dijo no haber recibido capacitación en materia de derechos humanos.

Además se registró que los defensores públicos desconocen los procedimientos, dado que 70% no mencionó que se debe registrar a la autoridad que detiene, 50% no mencionó que se debe registrar el lugar de la detención y 44 % no mencionó que se debe registrar la hora de la aprehensión, dijo Ricardo Corona, director del área Jurídica del IMCO.

Añadió que 78% de los defensores encuestados desconoce que se debe acordonar el lugar donde se suscitó un delito; 76 % no mencionó la importancia que tiene entrevistar a un testigo; y la mitad de los encuestados no mencionó que se debe resguardar el lugar del ilícito.

Asimismo, 93 % de los peritos y empleados de los ministerios públicos coincidió que el salario que tienen no corresponde a las tareas que desempeñan y 53% aseguró que la mayor causa de rezago en el Ministerio Público es la insuficiencia de agentes .

Por ello, el IMCO propuso crear un comité de auditoría y seguimiento que vigile tanto la calidad como la impartición de justicia en el estado, así como la creación de una unidad especializada en robo y homicidio.

El director del IMCO precisó que se revisaron 811 expedientes criminales en delitos de robo y homicidios; 174 del viejo sistema penal y 637 del nuevo; se realizaron 236 entrevistas a policías, peritos, ministerios públicos, defensores públicos y 283 encuestas a ciudadanos de Morelos.

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