La nueva ley nacional de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional y que abrogará la Ley Federal de Extinción de Dominio, prevé que el instituto para devolver al pueblo lo robado sustituya al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De acuerdo con el dictamen pendiente de aprobar por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, y cuyo tema forma parte de la agenda legislativa pactada a concretar durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias que iniciará hoy, dicho instituto tendrá la calidad de “autoridad administradora”.

“La administración de los bienes comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión.

“La autoridad administradora llevará a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación o monetización atendiendo al interés público, con base en criterios de oportunidad del destino y, en su caso, la destrucción de los mismos, en términos de las disposiciones aplicables”, ordena la nueva ley en el artículo 59.

La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados o vinculados con las investigaciones derivadas de la comisión de delitos, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente como tal.

A diferencia de la ley vigente, la que está por expedir el Congreso mexicano crea el gabinete social de la presidencia de la República, instancia colegiada que formulará y coordinará la asignación y transferencia de los bienes decomisados a favor del Estado, facultad que estaba asignada a la vieja Procuraduría General de la República.

[email protected]